Entrevista con Serafí del Arco para OnEconomics. Fotos de Irene Vilà, 4 de febrero de 2024.
La economista Miren Etxezarreta Zubizarreta (Ordizia, Guipúzcoa,1936) conserva la energía intelectual y el pensamiento crítico que han caracterizado su dilatada y prolífica trayectoria, en la que la lucha contra las desigualdades y la confrontación del sistema capitalista han sido su propósito de vida. Máster y doctora en Economía por la London School of Economics y doctora en Economía Aplicada por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), donde fue profesora desde 1974 hasta 2006, y activista. Sigue participando en diversos movimientos sociales, y en particular en el Seminario de Economía Crítica Taifa, dedicado a promover la crítica de la economía convencional, la formación de economistas jóvenes y la divulgación crítica de temas económicos de actualidad. A Etxezarreta siempre le había preocupado que haya pobres y ricos, «pero el aprendizaje universitario no me proporcionó ningún resultado a esa búsqueda mía hasta que di con la economía marxista; fue la que me abrió los ojos para entender la realidad».
¿Aún se considera marxista? ¿Cómo definiría hoy el marxismo? Sí, me considero una economista marxista, que critica al marxismo, también. Es buscar un poco lo que está pasando en la sociedad con las raíces profundamente afincadas en un tema de clase social, la división de la sociedad en clases. Esta división en clases, en los que unos tienen riqueza y propiedades y otros no, es lo que estructura la sociedad en la que vivimos desde hace mucho tiempo.
¿Qué críticas le hace? El mayor peligro del marxismo ha sido la Unión Soviética, que llevó completamente a congelar el marxismo en torno a cosas que no eran ni marxistas, pero que le convenían a la Unión Soviética. Pero afortunadamente hay un movimiento de renovación fuerte del marxismo, con el cual no lo comparto todo, pero creo que está volviendo un poco a la raíz del marxismo.
¿Dónde y en qué ve esta renovación? Hay todo un movimiento por recopilar todo el trabajo de Marx y Engels. Está MEGA, por ejemplo, que es un amplísimo y ambiciosísimo proyecto de recopilar toda la obra de Marx que llevan a cabo diversas universidades, desde la Rusia soviética a las actuales, en Alemania y otros países. Un autor importante marxista es Anwar Shaikh, un economista pakistaní pero que trabaja desde hace muchos años en la New School de Nueva York. También está toda la obra de David Harvey… Hay tanto en EE.UU. como en Europa un movimiento que está volviendo a intentar rascar para buscar el fondo de las cosas en lugar de quedarse un poco en toda la osificación del marxismo que supuso la economía marxista oficial. El poder estropea las cosas y así sucedió en la Unión Soviética por los intereses que tenía.
¿Pero ve alguna traducción en políticas o propuestas económicas? Ah, no, cuidado, una cosa es que el pensamiento vaya por un lado y otra cosa son las políticas económicas. Todo ese movimiento renovador no tiene absolutamente ninguna fuerza política. La fuerza política que tiene son núcleos pequeños, débiles, minoritarios. Pero así como después de la Segunda Guerra Mundial, hubo una vinculación entre teorías y política económica, con el keynesianismo y el intervencionismo público; ahora no existe nada de eso. Ya se ve que en la política económica real todo es todavía neoliberalismo y un neoliberalismo fuerte, incluso el keynesianismo ya no está de moda. En España, por ejemplo, lo más aproximado a una política mínimamente, y subrayo mínimamente, progresista sería Podemos y algo menos, Sumar. Hoy en día el pensamiento crítico y el pensamiento alternativo están lejísimos del poder. El neoliberalismo ha conseguido que se abandone completamente toda pretensión ni siquiera de buena voluntad.
Justamente ahora todas las políticas pospandemia sí han sido de corte keynesiano, ¿no? Han sido keynesianas, sí, pero piensa que ya están el BCE y la Reserva Federal diciendo que hay que volver a la austeridad, que no vayamos a tener la ilusión de poder gastar dinero público sin controles. Yo creo que no les quedó más remedio que aplicar dichas políticas porque era una desesperación. Pero hay algunos autores, incluso del mainstream, como Piketty, que defienden el keynesianismo.
El capitalismo ya no tiene, como en los años sesenta y setenta, la capacidad de permitir mejoras a las clases trabajadoras. Los salarios y la economía del bienestar se están recortando
Parece que el capitalismo goza de mejor salud que nunca. Pues no lo sé. Yo creo que el capitalismo está en una situación que ya no saben muy bien qué hacer. Encuentro que está en un abanico en el que, por un lado, está mejor que nunca, porque el capital está cada vez más concentrado, en menos manos y más poderosas. Ahora la concentración del capital es brutal. Pero, por otro lado, está teniendo tantos problemas que también está bamboleándose. La pandemia fue algo especial, de acuerdo, no les quedó más remedio que gastar dinero y todavía dura. El capitalismo está en una situación muy inestable, pero también muy poderosa. Pero lo que sí sé es que ya no tiene, como en los años sesenta y setenta, la capacidad de permitir mejoras a las clases trabajadoras. Si te fijas en la evolución de los salarios y de la economía del bienestar, cada vez se van recortando más. Es verdad que cada vez somos más viejos y necesitamos más recursos, pero también está la pobreza infantil, la inmigración… Así como hubo años en los que crecía lo suficiente como para poder dar un poquito de bienestar, no mucho, a las clases trabajadoras, ahora tiene grandes dificultades para hacer eso.
¿Por qué cree que ocurre? Porque no tiene suficiente excedente para dar lo que quieren los accionistas y los muy ricos, como los protagonistas del informe de Oxfam de Davos. Son unas cifras que son incluso difíciles de asumir, porque aparecen unas cantidades de riqueza que son impensables. Bueno, excedente genera, pero otra cosa es cómo se reparte.
Pero el capitalismo y la globalización han permitido que disminuya la desigualdad global y que muchos países prosperen y salgan de la pobreza. Sí, como en China, por ejemplo. Pero no lo suficiente para la cantidad de excedente que los ricos necesitan seguir acumulando mientras persisten las dificultades que tienen otros. El sistema no distribuye lo que haría falta distribuir para que la gente estuviera medianamente tranquila.
¿Qué haría usted? ¿Cuál es su modelo? Es crítica también con la socialdemocracia… No, no, la socialdemocracia no ha resuelto los temas. Yo no tengo un modelo, yo vuelvo a Marx, a la sociedad de los productores asociados. O sea, montar una sociedad donde el objetivo de la producción y el objetivo de la riqueza sea cubrir las necesidades de la población. ¿Y si invirtiéramos completamente el planteamiento económico y empezáramos a hacer una planificación sobre lo que necesitamos para una población de 8.000 millones de habitantes? Y a partir de ahí preguntarnos cómo vamos a producir eso, cuánta comida o cuántas viviendas necesitamos… Yo creo que habría posibilidades, lo que pasa es que se tendría que planificar, pero eso es algo que las empresas ya hacen y mucho, que no nos engañen. Y operar de forma que no hubiera esas diferencias brutales entre las personas, entre los trabajadores y los trabajadores que dirigen a los trabajadores.
¿Y si invirtiéramos el planteamiento económico y empezáramos a hacer una planificación sobre lo que necesitamos como población? Las empresas planifican y mucho
Suena utópico Sí, claro. ¿Pero acaso no suena utópico que el capitalismo conduce al bienestar para la gente? Utopía por utopía, prefiero la utopía de la sociedad de productores asociados que la sociedad capitalista donde Elon Musk y sus amigos tienen el poder y la riqueza que tienen, porque la riqueza lleva al poder.
Usted fue muy crítica a mediados de los noventa con el Tratado de Maastricht, para entrar a formar parte del euro, porque los criterios que había que cumplir eran todos monetarios y no se tenía en cuenta las diferencias sociales entre los distintos países. ¿Cree que ha sido un mal negocio para España, formar parte del euro? Es difícil responder a eso. No ha sido un buen negocio para los españoles, para la población. Hay mucha gente que no lo está pasando bien, mucha gente de clase media sí, pero hay mucha gente que es pobre y lo está pasando mal. Pero, por otro lado, tampoco había mucha solución de quedarse fuera, ¿qué hubiera hecho España fuera de la Unión Europea? Probablemente hubiera quedado muy marginada también. Quizás fue una de las pocas vías que tenía el capitalismo español de sobrevivir, y está sobreviviendo por lo menos parecido a los demás países europeos. Vistos los resultados, ahora no me atrevo a decir que fuera tan desastroso como lo veía antes; pero insisto, distinguiendo mucho entre España y los españoles.
No sabemos qué hubiera pasado en caso de no formar parte del euro. Claro. Hay que partir de la base, que cada día se nos olvida más porque estamos muy triunfalistas, de que España lleva siglos siendo un país pobre. Desde los Reyes Católicos, cuando ya cayó un poco todo el triunfo de América y demás, España ha sido un país pobre, tanto en renta per cápita como en inversiones y en estructura productiva. Y por lo tanto, es como un atleta que siempre va en tercera línea, quiere llegar a la cabeza de la carrera pero no llega. Aún estamos en segunda o tercera línea de la UE; no nos hagamos ilusiones de que porque Macron y Alemania nos hacen un poco más de caso, ya hemos llegado, no. Tenemos que sudar mucho aún.
España lleva siglos siendo un país pobre, tanto en renta per cápita como en inversiones y en estructura productiva, aún estamos en segunda o tercera línea de la UE
¿Por qué tras cuatro décadas de España en lo que hoy es la UE, y con las ayudas recibidas a través de los distintos fondos europeos, seguimos por debajo en estructura productiva y en productividad? Mucho tiene que ver con nuestra historia: somos pobres y es muy difícil subir escalones y especialmente con una enorme competencia de los países europeos. Y después, yo tengo muy mala imagen del empresariado español. Independientemente de que me caiga mejor o peor por razones ideológicas, yo creo que el empresario español es un empresario muy limitado y torpe. Cuando dicen que hay una falta de formación profesional, digo sí, en los empresarios. Los empresarios españoles no son innovadores, hay algunos que sí, pero siempre ha sido un empresario de bajar salarios y bajar impuestos, nada más. Pero en capacidad de innovación, como parece que está mejorando ahora, creo que es bastante torpe.
¿Formación y productividad cree usted que son los principales retos de la economía española? Si queremos seguir por la línea que estamos, probablemente, sean estos los retos. Pero si queremos ir hacia una sociedad diferente, que la quiere poca gente, tendríamos que ir por otro lado, como he explicado antes: a por un profundo efecto distribuidor, pero bien hecho. Yo no me creo que la educación lo arregla todo, yo he vivido años de educación y creo que no arregla tanto las cosas. Indudablemente, una población bien educada es más productiva que una población menos educada, pero ¿qué es estar bien educada? Yo creo que hace falta también una organización empresarial diferente, donde la gente esté más motivada, donde la distribución fuera un poco más justa, incluso le iría bien a la productividad. Hace falta formación, también de los empresarios, por supuesto que inviertan y también un aparato público mucho más eficiente. El aparato público en España es bastante poco eficiente. Yo soy una gran defensora del sector público y seguiré defendiéndole con uñas y dientes, pero a pesar de todo, creo que se podría hacer mucho mejor. Aun así, es mucho menos eficiente lo privado que lo público.
¿De veras? ¿Qué incentivos tiene el sector público? Depende del tipo de incentivos. Cuando se han querido verdaderamente hacer las cosas bien, las hace el sector público. Hay una autora, Ellen Meiksins Wood, fallecida en 2016, que explica muy bien todo el esfuerzo que hizo Estados Unidos para llegar a la Luna, por ejemplo. O Mariana Mazzucato, que demuestra que el sector público es la organización más emprendedora y la que asume inversiones de mayor riesgo, incluso a favor de las grandes empresas tecnológicas nacidas en EE.UU.
¿De verdad no cree que hay buenos empresarios? Seguro que encuentra dos o tres que pueda decirme que lo están haciendo medianamente bien. Lo hacen bien para ellos, seguro, no tengo duda al respecto. Sí me creo lo de la gota que cae hacia abajo y entonces cuando ellos aumentan su riqueza, pues un poquito cae a la gente; pero no me creo que tenga nada que ver con que lo hacen para la sociedad. No me creo que el aumento de riqueza de un país suponga que los empresarios han hecho nada por la gente, lo han hecho para sus intereses. Está permitido que lo hagan, vale.
Hace muchos años que estudia y trabaja en defensa de las pensiones públicas. ¿Por qué es tan crítica con este debate y qué propone? Dentro de todo lo malo que pueda ser, pienso que el mejor sistema es el de reparto. Por mucha diferencia. Por eso soy crítica contra todo el intento de privatizar la Seguridad Social, que es lo quieren hacer. Si se organiza bien, no tiene por qué haber un problema financiero de la Seguridad Social. Y de momento no lo hay y se va trampeando de una manera o de otra.
Para mantener el sistema público de pensiones, ¡no importa nada cuánta gente trabaje, depende de lo que producen!
Pero la tasa de dependencia de las pensiones, que es cuántos cotizantes se necesitan por cada pensionista, no deja de caer y ahora con los babyboomers… Eso es un disparate. Es uno de los argumentos más erróneos de la economía. ¡No importa nada cuánta gente trabaje, depende de lo que producen! En la sociedad española de los cincuenta la mitad de la población trabajaba en la agricultura y la gente pasaba hambre. Y ahora no sabemos qué hacer con todo lo que nos sobra. Caro o barato, ya lo discutiremos, pero sobra producción agraria. Cada vez que menciona alguien ese argumento me pone enferma. ¿Por qué no se habla de lo que produce cada trabajador? En China han disminuido 80 millones de trabajadores y ha aumentado la producción no sé cuánto. Es la productividad, aunque a mí me gusta más hablar de estructura productiva. Primero, no hay por qué pensar en los babyboomers… porque hay más producción en España que en otras épocas, crecemos y exportamos, luego tenemos más. Segundo, creo que detrás de todo el tema de la “crisis» de las pensiones, está la necesidad del capital financiero. Los más de 100.000 millones que “cuesta” cada año la Seguridad Social es un montón de dinero. Si eso pasase por el cauce de la banca financiera, se acabaría el problema. Hay un esfuerzo brutal por privatizar las pensiones. Y en eso me vas a permitir que haga un grito de atención a la última reforma, porque Escrivá, que es muy listo y sutil, se ha inventado un sistema de privatización de pensiones que para mí es de los más peligrosos que han inventado hasta ahora, que son las pensiones de empresa. Ha inventado un sistema que realmente permite que se puedan privatizar las pensiones a mucha mayor velocidad y en mayor cantidad que lo habían hecho hasta ahora. Hasta ahora, la privatización de las pensiones era cuando una persona individualmente hacía una pensión privada, pero ahora no, ahora un comité de empresa en un convenio puede firmar que todas las pensiones de aquella empresa se privaticen y eso ha sido un golpe maestro brutal.
Pero se trata de un complemento a la pensión pública. En Euskadi, que es donde se inventó este sistema, está pasando que como ya hay mucha gente que tiene ese complemento, primero la gente ya no reivindica tanto. Y segundo, aunque reivindique, cuando ya tienes un 80% o 90% de la población que tiene unas pensiones privadas que no son tan malas, lo que no van a hacer es reivindicar las públicas. Creo que la gente no se ha dado cuenta de la perversión de este sistema.
¿Dejaría entonces el sistema de reparto como está? Sí, porque en la privatización de las pensiones, aparte del beneficio que va a suponer para el capital privado, hay otro tema conjunto: ¿cómo le sigues tú la pista al capital financiero? Supongamos que tuviéramos un millón de euros para invertir mañana y lo invertimos con todas las garantías, pasado mañana ya no sabemos dónde está. A mí me parece que es gravísimo perder toda la pista.
¿Podría ser un sistema de capitalización, no de reparto, pero en manos públicas, como el superfondo soberano de Noruega, por ejemplo? Podría ser, pero con mucho más control de lo público por la ciudadanía. Cuidado con lo público, pero aun así tiene muchas más posibilidades de manejar las cosas que lo privado. ¿Quién le dice al BBVA o a La Caixa lo que hacer con el dinero? Con lo público, no hay mucha fuerza, pero como detrás hay votos… ¿Por qué las pensiones no están tan mal ahora? Porque hay 10 millones de pensionistas que votan, clarísimamente.
Participación de Miren Etxezarreta en el programa Quatre Gats del periodista Ricard Ustrell enTV3 dedicado al presidente del Gobierno de España José Luís Rodríguez Zapatero, el 26 de marzo de 2020. Su intervención comienza en el minuto 19:55.
«Entrevistem en profunditat l’expresident del govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero. Amb ell parlarem dels anys de la seva gestió com a president. De la crisi econòmica, de la reforma de l’Estatut, dels avanços en drets socials¿ però també de l’actualitat política catalana, espanyola i internacional.
Complementen el programa excol·laboradors del seu govern, antics membres del PSC com Montserrat Tura i Joaquim Nadal, l’exvicepresident de la Generalitat Josep-Lluís Carod-Roviera, l’economista Miren Extezarreta i el professor d’universitat de Zapatero, José Manuel Otero.
Amb entrevistes complementàries a: · Joaquim Nadal i Montserrat Tura, expolítics socialistes · Josep-Lluís Carod-Rovira, expresident d’ERC · Miren Etxezarreta, economista · Nieves Goikoetxea i Angélica Rubio, periodistes · José Manuel Otero, professor d’universitat de Zapatero».
Reforma Escrivà: Pensiones públicas. Charla para ‘La voz de las Plataformas’. 30.jullio 2021
Nota previa: Entiendo que las personas que escuchen esta charla están, por lo menos, un poco al tanto que hace ya varios años que se está hablando de la sostenibilidad del sistema público de pensiones.
El planteamiento de la sostenibilidad de las pensiones
1.-Las personas que hoy somos adultas y más todavía las personas mayores/ancianas, estamos acostumbradas a vivir con la idea de que a partir de cierta edad – hasta hace poco 65 años- las personas mayores que habían trabajado como asalariadas toda su vida, paraban de trabajar y comenzaban a cobrar una pension, para financiar la cual habían estado pagando una cuota a la Seguridad Social durante toda su vida laboral. La pensión pública de jubilación es un hecho básico de nuestra vida con el que contamos para vivir en nuestra vejez. y es extraordinariamente importante para para la vida de las personas que ya no tienen edad de trabajar. Las pensiones públicas es un desarrollo social muy reciente, se establecieron en Alemania en 1898 y en España se iniciaron en 1896 en Guipuzcoa y en 1902 en Barcelona, pero eran con aportaciones voluntarias de los pensionistas. Las primeras pensiones públicas algo parecidas a las actuales se iniciaron en 1917 y 1919
2.- Las pensiones públicas son un asunto entre los trabajadores por cuenta ajena y el Ministerio de Seguridad Social. Sabemos que en el Estado español las pensiones de los jubilados se pagan año a año con el dinero que pagan los trabajadores en activo con las cotizaciones a la seguridad social. Es decir, los trabajadores en activo pagan unos importes con los que se pagan las pensiones de cada año, y los que hoy son trabajadores en activo recibirán sus pensiones de los que trabajen en su momento. Los trabajadores cotizan durante muchos años mientras trabajan para pagar por su pensiones cuando sean mayores y no puedan trabajar. Hay cierta solidaridad intergeneracional. Estas son las pensiones públicas que obligan a todos los trabajadores del país y las gestiona el Estado o, en nuestro caso, la Seguridad Social
Cotizaciones ——————- Caja Seguridad Social ——————-Pensiones
Sabemos también que se puede tener una pensión privada. Una persona va poniendo su dinero en una cuenta de pensiones en un banco y cuando se jubila de ella le van pasando una pensión. Pero esta pensión sólo es para esta persona y dura lo que dura el dinero que ahorró y los beneficios que con ella se hayan obtenido. Son las pensiones privadas y no hay solidaridades de ninguna clase. Es un asunto privado entre el ahorrador y el banco y el Estado no juega ningún papel.
3.- Pero llevamos ya varios años en que se está discutiendo si el sistema público de pensiones es sostenible. Es decir, si se pueden seguir pagando las pensiones públicas de vejez o si va a ser imposible que la Seguridad Social pague las pensiones porque no hay dinero para ello. Importantes autoridades -no sólo a nivel del Estado sino también a nivel internacional- y muchísimos comentaristas -economistas, sociólogos, polítólogos- dicen estar preocupados por la sostenibilidad del sistema de pensiones públicas. Tienen miedo, dicen, que no habrá dinero para pagarlas.
4.- Porque dicen que ahora vivimos más que antes, y hace falta pagar las pensiones durante muchos más años. Y que además somos más personas para cobrar las pensiones cada vez y que cada vez hay menos trabajadores para pagar las pensiones . Más pensionistas, durante más años y menos trabajadores para pagar las pensiones … parece lógico que no haya dinero.
5.-Estos planteamientos no sólo los hace el Estado español, sino que son globales. Los hacen las instituciones públicas internacionales -Banco Mundial, FMI, la OCDE, la UE- y todos los bancos privados del mundo. Empezaron este tema con Pinochet en 1973 y siguieron desde los ochenta y desde 1994- Banco Mundial- y siguen cada día con más insistencia. No es pues un tema sencillo, sino que es un tema de gran envergadura y es necesario conocer lo mejor posible que es lo que hay detrás.
Pero quiero decir desde ahora que esto es una manera particular/especial de presentar las cosas. Que este tema se puede presentar de formas muy distintas y que según como se presenten tienen consecuencias distintas para los pensionistas (y también para la ciudadanía). Que hoy, aquí, vamos a comentar sobre el tema de las pensiones públicas de una forma muy distinta a la que nos están diciendo y que creemos que tenemos razón. Hay otras formas de pensar en las pensiones y, según esta forma, la sostenibilidad de las pensiones no está en discusión.
Como se está planteando ahora en España
Ya hemos dicho que con Pinochet en Chile en 1973 se empezó a comentar el tema de la sostenibilidad de las pensiones. En España, desde antes de 1988 se empezó a plantear el tema de la sosteniblidad de las pensiones. Hubo entonces una huelga general por este tema. Y desde entonces el tema está dando vueltas. En 2011 el PSOE planteó una reforma, que se decía duraría 30 años, y en 2013 el PP planteo la suya. Todas las reformas han sido siempre para disminuir las pensiones.
En este debate en 1995 se estableció el Pacto de Toledo, como un ente intermediario entre el Congreso y la normativa de las pensiones. El Pacto es una Comisión oficial, multilateral, que se estableció p ara comentar y establecer recomendaciones sobre dicho tema al Congreso. El Pacto realizaría una ronda cada cinco años y así fue más o menos hasta 2019, en que la pandemia obligó a interrumpir su trabajo. En 2020 la Comisión reanudó su trabajo y el 27 de octubre de dicho año presentó su Informe con recomendaciones sobre la actuación aconsejada por los integrantes del Pacto. Estas Recomendaciones fueron aprobadas el 19 de noviembre de 2020 y sobre ellas es sobre lo que está presentando sus propuestas el Ministro de Seguridad Social. Las propuestas del Sr. Escrivà se han aprobado en la Mesa de Dialogo Socia (otro intermediario más), formado por el Gobierno, las dos asociaciones de la Patronal -CEOE y CEPYME- y dos sindicaros -CC.OO. y UGT- , pero no se ha aprobado del todo todavía como Ley.
Estas propuestas del Ministro, están en la base de las propuestas que el Gobierno español envió a Bruselas como parte de su Plan para optar a las ayudas que la UE va a conceder para enfrentar la pandemia.
En esta charla recogeremos únicamente las propuestas de cambios principales, dando por conocida la situación de las pensiones hasta este momento. Es obvio que los comentarios sólo serán parciales. Parece que las propuestas se van a hacer en dos etapas, que luego veremos.
Frente a las reformas de 2011 y 2013, un gran número de pensionistas en el Estado español, no aceptan los términos así planteados y llevan años reivindicando mejoras en las pensiones públicas y afirmando su sostenibilidad, en una lucha permanente de gran vitalidad y originalidad con la que han generado una gran dinámica reivindicativa. El debate es agrio y está enconado y han pasado muchas cosas que no podemos recoger aquí. Hay muchos materiales escritos sobre el mismo y a ellos remitimos al lector interesado (por ejemplo el libro: ‘El cuento de las pensiones’, de Editorial Icaria).
Ahora, frente a las propuestas que se esperan del Ministerio los pensionistas siguen reivindicando que se eliminen las reformas de 2011 y de 2013 y se establezca un sistema de pensiones seguro y que permita pensiones decentes a los pensionistas. Frente a ello el Sr. Escrivà ha planteado unas reformas que vamos a comentar esta noche. Pero antes, tenemos que considerar unos elementos que son los que nos parece que son de los que hay que partir si queremos verdaderamente trabajar en pro de un sistema de pensiones que permita unas condiciones de vida decentes a los trabajadores/as jubilados/as de este país.
. El mercado de trabajo
El sistema de pensiones en este país se financia por medio del llamado sistema de reparto en el que las cotizaciones de los trabajadores en activo pagan las prestaciones de los jubilados. Por ello es imprescindible observar primero el mercado de trabajo. Incluso antes de la pandemia, resulta que tenemos un mercado de trabajo con mucho paro, una enorme inestabilidad y precariedad laboral, un alto porcentaje de jóvenes sin empleo y muchas dificultades para tener empleo de los mayores de cincuenta años; muchos trabajadores pobres y muchas familias pobres, una proporción alta de la población trabajando en los servicios poco cualificados, como el turismo y la construcción, y casi un millón (más después de la pandemia) en que todos los miembros de la familia están en el paro. Y un despido barato cuando no gratis por los contratos temporales y precarios. Es decir, un mercado de trabajo desastroso para los trabajadores. Precario, sin ninguna seguridad, de muy pocas cualificaciones y muy bajos salarios. Seria muy diferente si los salarios mejorasen, porque mejorarían las cuotas a la SS. Por ejemplo, si subiese el SMI (el salario mínimo interprofesional) mejorarían las cuotas a la S.S.de más de un millón de trabajadores).
Si se mira al futuro la evolución no se presenta más atractiva. Muchos comentaristas consideran que disminuirá mucho la necesidad de trabajadores y será cada vez más difícil tener un empleo; otros creen que el trabajo continúa siendo necesario. Pero, en cualquier caso, además de la temporalidad y la precariedad se dibujan formas de trabajo y de explotar al trabajador novedosas que no aseguran ni remotamente los derechos sociales: cada vez los trabajadores están sometidos a relacionarse con sus empleadores a través de contratos mercantiles que no suponen la asalarización y no cubren en absoluto los derechos sociales. Parecen pocos pero son cada vez más: en algún informe sobre Estados Unidos dicen que un tercio de la fuerza de trabajo sigue estos sistemas, y en España, dicen desde la UE que un 12,50% de la fuerza de trabajo ha pasado ya por experiencias de este tipo.
No se puede plantear un plan para las pensiones, que por definición son a largo plazo, sin incluir todas estas consideraciones. Hay que tener en cuenta la situación del mercado de trabajo para plantear lo que puede pasar en las pensiones. De hecho, la reivindicación de las condiciones del trabajo y de los salarios es la misma que las reivindicaciones de los pensionistas. De las que se dice poco tanto en el Informe del Pacto de Toledo, que se limita a considerar el concepto tradicional del asalariado y del autónomo, como en las intervenciones del Sr. Escrivà y tampoco mucho en los sindicatos. Pero sólo juntando ambos aspectos podremos lograr una sociedad más justa y satisfactoria. Así que tenemos que unir ambas reivindicaciones si queremos tener éxito.
Los principios fundamentales
Generalmente al hablar de pensiones para ver si son sostenibles se debaten los números, pero, aunque estos también importen, es más relevante discutir los aspectos fundamentales que los números concretos,
. Entre los principios hay que destacar:
En las sociedades modernas todos los gastos del Estado se satisfacen por medio de los impuestos- los del ejército y la defensa, el coste del sistema político y judicial, la educación, la sanidad, las infraestructuras, las carreteras, la diplomacia… – Pero no las pensiones que sólo se financian con las cotizaciones sociales ¿Por qué no han de satisfacerse también los de las pensiones si es necesario? Que nos expliquen porque no tienen los mismos derechos que el resto de la ciudadanía.
No hay razón para que los gastos de los pensionistas no se cubran de la misma manera que los del resto de la población. ¿Por qué las pensiones se tienen que cubrir sólo con los impuestos de la población activa (las cotizaciones son impuestos a los trabajadores y, además, injustos) y todos los demás gastos colectivos se cubren con impuestos? De hecho esto supone un sistema fiscal extremadamente sesgado donde los trabajadores en activo además de los impuestos generales -IRPF, IVA, Gasolina, otros -pagan cotizaciones a la SS, que son los mayores impuestos del país, cuando ningún otro gasto se cubre de esta forma.
Este sistema les viene muy bien a quienes cobran beneficios por el capital pues no contribuyen más que con las cotizaciones sociales al sostenimiento de los ancianos. Los demás impuestos, por ejemplo el impuesto de sociedades, no entran para contribuir a la financiación de las pensiones ¿Por qué los impuestos generales no han de contribuir al mantenimiento de los ancianos? Es una subvención a los beneficios y lo tendrían que aclarar.
Además, aunque la separación de presupuestos sea quizá contable y políticamente útil, no olvidemos que la SS y el Estado es lo mismo. ¿Por que separar así las cuentas del Estado y la SS? La separación corresponde principalmente a precisar la cuenta en la que se apuntan. Poco más. Y si el presupuesto de la SS no es suficiente tendría que cubrirlo el Estado. La solución no consiste en que el Estado haga prestamos a la S.S., como está haciendo ahora, porque los prestamos hay que pagarlos y eso pone la SS en manos de la administración del Estado, sino cubrir las prestaciones necesarias, porque ES UN DERECHO DE CIUDADANIA.
El mantenimiento de los ancianos corresponde al conjunto de la sociedad, no sólo a los trabajadores en activo. Son parte de la ciudadanía y se han de mantener como los demás aspectos del gasto público con los impuestos generales.
El tema de las pensiones no es un aspecto de financiación sino de la distribución de la renta de un país. El problema no es que no hay dinero, sino como se distribuye, se reparte el dinero que hay. Por el sistema de pensiones los jubilados participan de la riqueza social que contribuyeron a crear. ¿Por qué se limita su participación a lo que es posible sólo con las contribuciones? Gracias al sistema de pensiones muchos jubilados viven decentemente y ayudan a sus familias. Diciendo que no hay dinero para las pensiones públicas, ¿se quiere condenar a los ancianos a la pobreza? Si las pensiones no les permiten cubrir gastos ¿cómo se mantendrán? Podrán sostenerles los hijos que hoy necesitan ser ayudados por sus padres? Si no hay dinero para las pensiones ¿no será porque los salarios de los que cotizan son demasiado bajos? ¿Por qué no hay dinero para las pensiones y sí para otras cosas como la OTAN, el ejercito, los bancos la iglesia, etc?
El tema de las pensiones no se debe a las crisis (financiera y pandemia), viene de más antiguo. Ya se ha señalado que surge en Chile con Pinochet, en 1973, aprovechando un contexto favorable al neoliberalismo. Proviene de las grandes instituciones internacionales: FMI, UE, OCDE y, sobre todo, de los poderes financieros,… que quieren obtener beneficios con el dinero de las pensiones. En España desde hace tiempo, tenemos que seguir las directrices de la Unión Europea. Y ahora que a causa de la pandemia han concedido ayudas y préstamos a los estados ese seguimiento se vuelve a exigir. Entre los aspectos que la UE exige a España por las ayudas, esta el de resolver ‘el tema de las pensiones’ pero no en la dirección de resolver el problema a favor de los pensionistas, sino de disminuir el déficit que causan las pensiones ¡¡¡
La situación actual
En el Estado español, desde 1988 se están ‘reformando’ las pensiones, casi siempre para disminuirlas. Ahora, nos dicen que preocupados por el déficit de la SS y basándose en el Informe actual del Pacto de Toledo, y aprobado por la Mesa de Dialogo Social se está estableciendo otra reforma de las pensiones entre las cuales, gracias a las potentes luchas de los pensionistas se han conseguido algunos logros para las pensiones, aunque es poco más que volver a lo que era antes, pero también surgen otros elementos muy peligrosos para los pensionistas que tenemos que comentar. Además, ya hemos señalado que la UE está exigiendo que se lleve a cabo la Reforma de las Pensiones.
Parece que la Reforma de las Pensiones que va a hacer este Gobierno se va a dividir en dos etapas distintas. En la primera Medidas en vigor antes de finalizar 2021, que ya han sido aprobadas en la Mesa de Dialogo Social (Gobierno, dos sindicatos y dos patronales) se han incluido las más favorables a los pensionistas, y en la segunda, Medidas para 2022, quedan las más duras.
(no explicar)
Medidas en vigor antes de terminar 2021
Revalorizar las pensiones con el IPC
Eliminar ‘los gastos impropios’ de la S.S.
Cambiar el modelo de cotización de los autónomos
Retrasar la edad de jubilación
Medidas para 2022
Del factor de sostenibilidad al ‘mecanismo de equidad intergeneracional’
Periodo de cómputo de las pensiones
Incremento gradual de la base máxima de cotización
. frente a la continua afirmación que las pensiones públicas son insostenibles se afirma explícitamente que pueden ser sostenibles. Aunque no lo par4zca es un punto importante
. Se anuncia la sustitución del actual índice de revalorización de las pensiones por un nuevo mecanismo que garantice el mantenimiento del poder adquisitivo de los mayores y que consistirá en el IPC, frente a la actualización según el 0,25 % de la reforma de 2013 que daba lugar a pensiones muy inferiores. Pero esto no es mejorar gran cosa pues ya existía en la Ley General de la Seguridad Social. Sólo recuperamos lo que eliminaron con las reformas de 2011 y 2013.
Escrivá ha dejado claro que el objetivo del Ejecutivo es el de garantizar el poder adquisitivo. También ha incidido en que «no se va a contemplar que las pensiones bajen ningún año». «Se va a establecer un mecanismo compensatorio en una ventana hacia adelante», ha añadido.
«La contributividad es muy importante, pero tiene que combinarse con las nuevas realidades del mercado laboral y tener en cuenta los impactos que pueden tener estas situaciones de algunos trabajadores», ha dicho el ministro, que cree que debe haber un sistema de pensiones suficiente, contributivo y sostenible «frente a las políticas de trazo grueso del pasado».
En este punto, la letra pequeña del Informe de las Recomendaciones del Pacto de Toledo da lugar a cierta inquietud pues en ella se afirma que ‘se pueda estudiar la posibilidad de índices de revalorización de las pensiones distintos del IPC’
.Se esta discutiendo también que va a suceder con el denominado factor de sostenibilidad: El factor de sostenibilidad consistía en otro coeficiente reductor de las pensiones que se daba debido al aumento de la esperanza de vida porque se considera que si se va a vivir más años es ‘lógico’ que se cobre menos cada año, para equiparar las pensiones futuras con las actuales. Es la ‘equidad intergeneracional’ interpretada para perjudicar a los pensionistas porque ‘van a vivir demasiado’.
Los sindicatos en su propaganda afirman que se ha eliminado el ‘factor de sostenibilidad’, pero no se ha hecho esto, pues no se ha logrado que este aspecto, ni la actualización según el IPC, se fije permanentemente y se incluya en los presupuestos o en la Constitución según las reivindicaciones de los pensionistas
Al contrario, se prevé modificar el sistema a partir de 2027 (¿) con un nuevo factor de ‘equidad intergeneracional’ (como siempre perjudicial para los pensionistas).
Además, el documento remitido a Bruselas apuesta por “un nuevo mecanismo que persiga la preservación de la equidad intergeneracional”, por el que “los parámetros fundamentales del sistema será objeto de revisión periódica en función de la evolución de la demografía y del equilibrio entre la población ocupada y la población pensionista”. Señalando que puedan afectarlos prácticamente los mismos elementos que se plantearon para el índice de sostenibilidad de la reforma de 2013. Y, lo que es más grave, se afirma que si no se llega a un acuerdo sobre este tema, el Gobierno podrá incluirlo unilateralmente en la próxima ley de Reforma de las Pensiones prevista para finales de año.
. Gastos impropios: se plantea que algunos ‘gastos impropios’ que satisface ahora la SS y no corresponden a las pensiones contributivas dejen de ser satisfechos por esta institución. Estos gastos recargan fuertemente los presupuestos de la S.S.– se han estimado en torno a 23.000 millones de euros al año- cuando tendrían que ser satisfechos por los presupuestos del Estado, con lo que el déficit actual de la S.S. se reduciría muy considerablemente.
Este aspecto que parece podría resolver el problema con relativa facilidad es, sin embargo, fruto de una separación de cuentas muy arbitraria entre las de la Seguridad Social y el Presupuesto público. Mas una cuestión administrativa que un cambio en la distribución del gasto. Es muy probable que por razones contables y políticas sea interesante la separación de cuentas (que no se estableció hasta el primer Pacto de Toledo en 1995), pero ello no debe llevar a considerar los dos entes como antagónicos, sino que los dos son parte del Estado. Realmente todo consiste en decidir en qué libro se va a apuntar el saldo, pero la entidad de fondo es la misma, es la Administración Pública. De todos modos puede ser útil diferenciar los gastos que no son estrictamente de pensiones pero carga con ellos la S.S. pues proporciona un argumento importante en defensa de la sostenibilidad de las pensiones.
¿??. Periodo de cotización para computar la pensión. Aquí hay bastante confusión: (En la reforma de 2011 se aumentó el periodo para calcular el cómputo de la pensión de 15 a 25 años). Por una parte, las recomendaciones del Pacto señalaban que para cubrir los 25 años necesarios para tener derecho a una pensión el pensionista pudiera elegir los mejores años de cotización. “Como tercera de las medidas que integran el bloque que tiene por objeto profundizar en la reforma de 2011, se planea ampliar y adecuar a la realidad actual de las carreras profesionales el periodo de cómputo para el cálculo de la base reguladora de la pensión contemplando la posibilidad de elección de los años a integrar en la base reguladora por encima de los actuales de manera progresiva”
Lo cual, podría ser una ventaja, pero sólo según y como, pues como ahora hay muchos pensionistas que al acceder a la pensión ya estaban parados, los últimos años bajan de nivel las pensiones futuras. Pero esto no compensa el aumento de 15 a 25 años para calcular la pensión que estableció la reforma de 2011, y que algunos señalan es el paso previo para pasar a computar por toda la vida laboral, suponiendo una pensión menor. Con el mercado de trabajo existente hasta ahora, ¿cómo serán los 25 años del trabajador? ¿Podrá reunir 25 años de cotizaciones en este contexto de contratos laborales muy cortos?
Para añadir a la confusión se filtró que, al contrario, para calcular la pensión el Ministro proponía que se pasase no sólo de 15 a 25 como se hizo con la reforma de 2011 sino que se pasase de 25 a 35, que son los años que hay que cotizar para cobrar el 100% de la pensión. Este cambio se ha calculado que supondría una disminución de las pensiones en torno al 8% (EL PAIS).
Esta propuesta, que figuraba en los borradores previos, fue negada después, Añadido 21 mayo: El Ejecutivo no incluyó finalmente la ampliación del periodo de cómputo de la pensión a los 35 años, como figuraba en borradores previos, lo que había recabado el rechazo frontal de Unidas Podemos y de los sindicatos. El paquete de reformas finalmente trasladado a la Comisión incluye no obstante abordar la ampliación de este periodo de cómputo, con la posibilidad de excluir algunos años por parte de algunos trabajadores.
.Algunas recomendaciones se orientan hacia otras ventajas también de interés, como las referentes a aumentar ciertos ingresos del sistema -el Estado hará transferencias en torno del 2% del PIB cada año a la S.S.- aumentará el tope máximo de las pensiones, aumentar la lucha contra el fraude, revisar las cotizaciones y prestaciones de los autónomos, el régimen de viudedad, derechos a los becarios, etc.
Es decir, la lucha de los pensionistas ha sido necesaria y útil, mostrando claramente que una actitud activa y enérgica por parte de los jubilados es principalmente lo que ha llevado a mejorar algunos aspectos importantes de las pensiones.
Los problemas
Pero faltan otros muchos aspectos que sólo se ganarán continuando el trabajo para lograrlos. Entre ellos el principal es que no se han derogado las reformas de 2011 (PSOE) y la del 2013, aunque los sindicatos (CC.OO.) en la propaganda que están haciendo de la firma de este acuerdo lo presentan, con poca vergüenza, como ‘un acuerdo que cambia el rumbo de las pensiones, al suprimir los recortes de 2013’. Continuaré presentando los problemas más graves que supone esta reforma:
Algunas propuestas
Edad de jubilación: prolongación voluntaria mediante incentivos
Estímulo a las pensiones privadas de empresa
Endurecimiento de las jubilaciones anticipadas
Reforma del sistema de cotización de autónomos
Otros
Repasándolas rápidamente:
PARA LA CHARLA DE TAIFA seguir por ‘Charla La voz de las Plataformas’ que está en ‘Pensiones’ en papel.
Prolongación voluntaria de la edad de jubilación mediante incentivos económicos
La Comisión del Pacto de Toledo señala explícitamente que considera positiva la prolongación de la vida activa de la ciudadanía. … sostiene que es necesario incentivar la prolongación voluntaria de la vida laboral más allá de la edad ordinaria de jubilación. ¡Parecen haber olvidado que hay más de 3,5 millones de parados, jóvenes en su mayoría¡¡
Como anteriormente el aumentar la edad de jubilación fue motivo de muchas luchas reivindicativas, ahora van a probar de forma más sutil: introducen el aumento de la edad de jubilación voluntaria. Introduciendo un incentivo económico para los que continúen trabajando voluntariamente después de la edad de jubilación.
Tanto las recomendaciones del Pacto de Toledocomoel anteproyecto enviado a la Comisiónpretenden que los jubilados puedan continuar trabajando después de la edad legal de jubilación, a lo que llaman “Adecuar” las carreras de cotización. Eso sí, ahora ‘voluntariamente’ ‘Hay que introducir esquemas de mayor permeabilidad y convivencia entre la vida activa y pasiva, que permitan e incrementen la coexistencia de salario y pensión…. Resulta adecuada, en la misma línea que otros países de nuestro ámbito, una mayor compatibilidad entre percepción de la pensión y percepción del salario por actividad laboral, hoy muy restringida y que no incentiva la continuidad laboral’
Por ello, el Ejecutivo también quiere aumentar el número de cotizantes que decide seguir trabajando una vez alcanzada la edad de jubilación. Así, estudia establecer un incentivo del 4% por cada año de retraso en la jubilación, aunque con ello se supere la pensión máxima establecida por ley. Este incentivo podrá cobrarse como un porcentaje adicional de por vida o en un pago único al jubilarse.
Para evitar que las empresas recurran a las jubilaciones anticipadas, se establecerán también beneficios para las que conserven en sus plantillas los trabajadores de mayor edad.
Pero:
Ignoran totalmente el carácter del mercado de trabajo. Consideran que el trabajador es libre para elegir lo que quiere hacer en su empleo. Pero dista mucho de ser así. El trabajador difícilmente tiene esa libertad:
.. cuando se cierra o reestructura una empresa y la única salida es la jubilación anticipada
. .cuando la empresa despide al trabajador o le fuerza a marcharse porque le parece mayor (traslados, disminuciones de categoría, ‘incentivos’ a que se vaya)
…un trabajador de más de 45 años sabe que si pierde su empleo no tendrá otro.
. .los trabajadores en precario o temporales cuando acaban su contrato
si las pensiones son bajas y no pueden vivir con ellas, ¿Dónde está la libertad del pensionista, su seguir trabajando es ‘voluntario’?
los que acepten esta voluntariedad pierden bastante dinero. Haciendo unos cálculos preliminares, sobre supuestos muy crudos todavía pues no se conoce exactamente la propuesta resulta que: si se proporciona un incentivo del 5% sobre la pensión a quien siga trabajando a los 67 años, si decide trabajar 5 años más -hasta los 72 años-, con una pensión de 1.000 euros al mes, el pensionista
pierde 3.366,6 euros al año año, (240,00 € al mes), si vive 20 años más, o 4.684,61 euros al año (334,61 euros al mes) si vive sólo 15 años más. Claro que entonces dispondrá del salario por su trabajo, pero pierde respecto a sus cotizaciones a la SS. Para no perder tendría que vivir hasta los 89 años o hasta los 91, o el incentivo sobre la pensión tendría que ser del 32% al 37%. Son cifras sólo muy aproximadas, pero por aquí van los cálculos.
Sobre todo, dividen a los pensionistas entre los que tendrán pensiones normales y los que las tendrán más altas porque trabajan más años, con graves repercusiones en el movimiento reivindicativo.
Añadido mayo 2021: Temor que a las empresas que establezcan estos incentivos se les concedan beneficios (en las cotizaciones o fiscales) “Además, se establecerán beneficios para las empresas que mantengan a estos trabajadores mayores y se fomentará su capacitación permanente para mejorar su empleabilidad”, recoge el documento del paquete de medidas remitido a la Comisión.
En otras palabras, que los jubilados -seguramente los que tienen pensiones muy bajas- sobrevivan por medio de combinar sus bajas pensiones con salarios también muy bajos (pues sólo consiguen empleos de este cariz). Dudo que sea para permitir al Sr. Faine que prosiga en sus tareas de dirección de CaixaBank aunque tenga más de 67 años¡¡¡ Parece cómico, pero ¿no será más probable que quieren ver a los trabajadores españoles ayudando a llenar las bolsas en las cajas de los supermercados como en Estados Unidos? Si una persona ha trabajado toda su vida, ¿Por qué tiene que seguir trabajando en su jubilación? ¿No es porque la pensión no es suficiente?
¿Por qué tienen que seguir trabajando los mayores cuando hay más de 3,5 millones de pardos y en muchas etapas más?
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Añadido mayo 2021:
Los economistas y expertos del think tank Civismo proponen que se establezca una jubilación flexible que vaya desde los 60 años hasta los 75 años, y donde el trabajador pueda escoger el momento de salida del mercado laboral.
Recomendaciones de ‘Civismo’: El rango de edad al que podría uno jubilarse debería ser muy amplio. Por ejemplo, de los 60 a los 75 años. En el caso práctico que plantea Civismo, un trabajador con 60 años, que comenzó a trabajar con 25 y acumula 35 años cotizados, y con una esperanza de vida de 30 años más, el primer punto consiste en el cálculo de la base: se toma toda su carrera laboral y se determina en cuánto se cifra esa base. Si se jubila a los 60 años, con 35 años cotizados, sufrirá un doble recorte: por un lado, al no llegar a 45 años, su base se verá minorada en un porcentaje sustancial, pero, además, el Factor de Sostenibilidad también actuaría por lo que le quedan 30 años de esperanza de vida y su primera pensión sufrirá un ajuste extra.
La Seguridad Social informa a este trabajador de que, si sigue trabajando hasta los 70 años, su pensión se elevará por tres motivos: al acumular 45 años de cotización, sí cobrará el 100% de su base; como su esperanza de vida se reducirá cuando cumpla 70 años, el recorte que se aplique por el Factor de Sostenibilidad también será menor o incluso no habrá recorte; y probablemente, su base reguladora para el cálculo de la pensión resulte más alta, porque es lógico pensar que los sueldos que cobre de los 60 a los 70 superen a los sueldos medios de su carrera laboral.
Una reducción para la carga empresarial en aquellos empleados de más de 52 años y la mejora de la cotización para la pensión de los trabajadores que rebasen en activo la edad legal de retiro son medidas que se podrían estudiar en este ámbito.
Cabe recordar que en España, tras la reforma de 2011, esta edad legal de jubilación aumenta año a año: en 2020, alcanzaba los 65 años y 10 meses que apuntábamos, y en 2027, se cifrará en 67 años. Sin embargo, existe un matiz: para aquellas personas que hayan cotizado más de 38 años y medio, la edad legal (la que permite que te jubiles cobrando el 100% de tu base) seguirá estando en los 65 años.
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Estimulo a las pensiones privadas de empresa
Para la parte de Reforma a llevar a cabo el año próximo, se plantea una novedad, muy importante y muy grave, ya que siguiendo el modelo del Banco Mundial, se apuesta por impulsar la implantación efectiva de planes complementarios de empresa para los trabajadores de una firma, que ‘prioritariamente’ habrán de ser sin ánimo de lucro. Las pensiones de empresa consisten en un compromiso de realizar pensiones privadas para todos los miembros de una empresa, si bien de nominación individual. (enla línea de la mochila austriaca)
Hasta ahora, para estimular las pensiones privadas el Gobierno concedía una desgravación fiscal en el IRPF que podía llegar hasta los 8.000 euros años al año a las personas que contratasen un Plan de pensiones privado. Los pensionistas han discutido mucho estas desgravaciones, rechazándolas. Actualmente el Informe recomienda disminuir las desgravaciones por pensiones individuales (se prevé que del máximo de 8.000 a 2.000 euros), pero …van a aumentar los estímulos a las pensiones colectivas de empresa (hasta los 10.000 euros). ¡Si no quieres taza, taza y media¡ El objetivo es que en una década el 80% de los trabajadores tengan un plan de pensiones privado con esta fórmula (multiplicar por 10 el porcentaje del PIB de capital controlado por los fondos de pensiones, casi 320 mil millones)
Lo cual supone avanzar descaradamente hacia el plan de pensiones del Banco Mundial que supone la privatización de las pensiones: El Banco Mundial señala que el sistema ideal tendría que ser: (se han añadido las flechas que indican la dirección en que el Banco Mundial quiere que evolucionen las pensiones: las pensiones públicas contributivas tendrían que disminuir y aumentar las del pilar privado obligatorio)
Con los cálculos de la Airef, las desgravaciones en planes de pensiones tuvieron en 2019 un impacto fiscal de 1.643 millones de euros. Y parece, que dos tercios del coste fiscal de desgravar los planes de pensiones, beneficia al 10% de contribuyentes más ricos.
Las aportaciones a los planes de empleo podrán llegar a los 8.000 euros anuales, como hasta ahora. Pero, además, se permitirá a sus propietarios que se beneficien del tope de desgravación de hasta 2.000 euros en planes individuales. Por lo tanto, podrían llegar a desgravarse hasta 10.000 euros anuales.
Esto supone estimular muy fuertemente el establecimiento de pensiones privadas para los trabajadores asalariados: El tema de la llamada crisis de las pensiones públicas hay que situarlo en los intereses financieros que quieren aprovechar las grandes masas de dinero que se mueven con las pensiones para obtener más beneficios privados. Aunque hoy no es el objetivo de esta charla, habría que comentar mucho sobre el desastre que son las pensiones privadas para los pensionistas (muy arriesgadas, con pérdidas por la inflación y muy caras), pero la Mesa de Dialogo Social las ve complementarias, como muy positivas. Lo que muestra que aceptan que las pensiones públicas no son suficientes y es necesario hacer pensiones privadas. Estas pensiones ‘complementarias’ consisten en que los pensionistas contraten planes de pensiones privadas con las instituciones financieras, privadas también. Es una PRIVATIZACIÓN brutal de las pensiones.
Para los entes financieros es muy conveniente el lograr que se realicen pensiones de grandes empresas para toda la plantilla en lugar de conseguir un gran número de pólizas individuales. Aunque los trabajadores puedan renunciar a ellas no suele ser frecuente pues es administrativa y socialmente complicado. Estas pensiones privadas de empresa se establecen generalmente a través de convenios colectivos. Es ‘curioso’ que los empresarios no se suelen oponer a ellas, aunque ponen el grito en el cielo si se hace referencia alguna a aumentar la cotización a la S.S. Por otra parte, en estos convenios los sindicatos tienen siempre un importante papel. Cuando los sindicatos aceptan esta práctica se convierten en cómplices de la privatización de las pensiones (hace varios años que vienen firmando convenios de este sistema), y las desgravaciones que recomienda este Informe aumentan su importancia. ¿Se proponen los sindicatos seguir estimulando las pensiones privadas ¿se atreven a impulsar abiertamente la privatización de las pensiones? Si tanto les preocupa el ahorro de los trabajadores, ¿Por qué firman el establecer fondos que dependen del capital financiero? Porque sí hay alternativas: Podrían perfectamente establecer un sistema público de ahorro para los trabajadores similar al que apoyan con los entes privados. ¿Les ha convencido el neoliberalismo de que siempre es mejor lo privado que lo público? Es bastante triste contemplar a los sindicatos vinculados a la privatización de un derecho social tan importante, complices de los intereses de los entes financieros.
Además, las aportaciones a estas pensiones privadas normalmente son realizadas por el empleador y empleado a partes iguales, (pero ¿seguro que esta financiación no se tiene en cuenta después en las negociaciones de los convenios?). Es decir, se estimula a los trabajadores que dediquen parte de su salarios (o de sus ahorros) a contratar pensiones privadas. El caso de Euskadi con sus EPSV (Entidades de Previsión Social Voluntaria)
En definitiva, se va aprovechar la que llaman ‘la reforma de las pensiones’ para facilitar y estimular la privatización de las pensiones. Con la ampliación de las pensiones privadas – si una mayoría de trabajadores tiene pensiones privadas- disminuirá la reivindicación por las pensiones públicas y, además, aumentará la división entre los trabajadores entre los que tengan empleos y salarios decentes y pueden optar a pensiones privadas y todos los demás -precarios y temporales sobre todo- que tendrán que quedarse con mínimas pensiones públicas.
Todavía más, da bastante miedo este párrafo del Informe: ‘De igual modo, deberán mejorarse los beneficios fiscales de las aportaciones realizadas a fondos y planes de pensiones, en su modalidad de empleo; en particular, estableciendo estímulos fiscales adicionales en la regulación del impuesto de sociedades¡. ¿A que se refieren? Disminuirá la fiscalidad de las empresas con esquemas de pensiones privadas? Es de temer.
Endurecimiento de las jubilaciones anticipadas (añadido en mayo 2021)
En los últimos cinco años se han incrementado el número de jubilaciones anticipadas «y en total son ya el 16% del total de las jubilaciones reconocidas en el último año» por la Seguridad Social.
El Gobierno planea el endurecimiento de las jubilaciones anticipadas como vía para sostener las cuentas de la Seguridad Social y mantener una continuidad del empleo en las edades más cercanas al retiro en el marco de la nueva reforma de pensiones en la que ya trabaja el Pacto de Toledo. La vía sería el incremento de los coeficientes reductores aplicados a las pensiones anticipadas, por un lado, e incentivar fiscalmente la permanencia del trabajador en su puesto, por el otro. El resultado, según los expertos consultados por elEconomista, es que por cada año que se le gane a la edad real de retiro de los trabajadores (64 años) se reducirá un 25% el déficit de la Seguridad Social, es decir, se recaudarían 4.500 millones más, que rebajarían el déficit anual de 18.000 millones de euros que registra el Sistema. Dicho de otra forma, el Gobierno está dejando de recaudar actualmente 8.200 millones por no cumplirse con la edad legal.
Incremento de los Coeficientes reductores.
La inclusión de coeficientes reductores en los casos de jubilación anticipada pretende compensar el hecho de que aquellos que se jubilan anticipadamente van a percibir (supuestamente, dado que es imposible determinar cuánto va a sobrevivir un individuo) pensión durante un mayor número de años, por lo que la cuantía mensual deberá ajustarse a la baja para hacer equivalente el monto global (la filosofía del factor de equidad intergeneracional)
La magnitud de estos coeficientes dependerá por un lado del tipo de jubilación anticipada (la jubilación anticipada por cese voluntario está más penalizada que la jubilación anticipada por cese involuntario) y de la carrera de cotización que acredite el trabajador en el momento de acceder a la jubilación. . Actualmente, la legislación para quienes se jubilan antes de tiempo es la siguiente.
Si la jubilación anticipada se da por un cese involuntario por causas objetivas de reestructuración empresarial, acreditar al menos 33 años de cotizaciones y encontrarse inscrito como demandante de empleo desde al menos 6 meses antes de la fecha efectiva de acceso a la jubilación. Si procede de un retiro voluntario se exige encontrarse en situación de alta o asimilada al alta en la Seguridad Social, acreditar al menos 35 años de cotizaciones y que el importe resultante de la pensión no sea inferior a la pensión mínima que por ley le correspondería al trabajador al cumplimiento de la edad ordinaria.
Con el mercado de trabajo actual, en el que la mayoría de jubilaciones anticipadas son involuntaria causadas por la empresa (bancos en la actualidad, pero tantos casos de cierres o cierres parciales de empresas) ¿es justo que quienes tienen que jubilarse anticipadamente sufran una fuerte disminución en sus pensiones a causa del aumento de los coeficientes reductores?
En resumen:
La lucha de los pensionistas ha logrado conquistar algunos elementos importantes. Esto muestra que la lucha es NECESARIA y es UTIL. Que se pueden mejorar las pensiones. Y, aunque los pensionistas no son ingenuos respecto a lo que es el Estado, tienen menos dudas, esperan influir más en las decisiones públicas que en los entes financieros que gestionan las pensiones privadas.
Lo que supone que hay que continuar luchando por las pensiones y la sociedad que se desea. Como pensionistas, empezando por los propios intereses. Son personas ciudadanas como los demás y sus derechos se tienen que financiar con impuestos si las contribuciones no bastan. Las pensiones las tiene que financiar toda la sociedad y no sólo los trabajadores activos. De otro modo es una subvención ‘oculta’ al capital, que no paga por el mantenimiento de los pensionistas.
Pero no se trata quedarse ahí. Los pensionistas quieren también ser participes en todas las luchas por una sociedad justa y armoniosa. Los ancianos y ancianas, los pensionistas, los viejos y viejas de este país, no han tirado la toalla, van a seguir en la brecha, y como siempre han trabajado por una sociedad justa y armoniosa para todos, se proponen seguir haciéndolo.
Saben que los procesos sociales son modificables. Y las relaciones laborales están experimentando enormes cambios que hay que tener en cuenta. Los pensionistas ven y aceptan la necesidad de modificar el discurso y los sistemas de derechos sociales -entre ellos las pensiones- y más en una época en la que cada día hay menos empleo y es más precario. La pensión es un derecho de ciudadanía. Hay que ir cambiando de ver la pensión como un derecho por haber trabajado a plantearla como un derecho de ciudadanía. Pero en una dirección muy distinta de la que plantea la Comisión del Pacto de Toledo y las propuestas del Sr. Escrivá a la Mesa DE Dialogo Social y a la Comisión Europea. Hay que modificar el sistema de pensiones hacia un sistema público, universal y no vinculado al ejercicio del trabajo. Existen diversas fórmulas para ello.
Saben lo que quieren. Son mayores pero no están muertos. Han sido siempre activos y lo seguirán siendo. Ni el Covid ni los Informes les impedirán seguir luchando por una sociedad justa y feliz para todos.
FINFINFINFINFIN
Otros aspectos del anteproyecto de reforma que no he incluido en este artículo (tomado de ‘el diario.es’):
Cotización de los autónomos por sus ingresos reales
La implantación gradual de un nuevo sistema de cotización para los autónomos “basado en los rendimientos por la actividad económica desempeñada”, como ha recomendado el Pacto de Toledo. El Gobierno pretende “corregir la distorsión generada por la facultad de elección de la base de cotización” actual de los autónomos, por la que el 85% del colectivo cotiza por la base mínima y “que supone una merma de recursos para el sistema y un nivel bajo de acción protectora para los autónomos”.
El Ejecutivo apunta que la reforma se pondrá en marcha “de forma gradual”. El Ministerio de la Seguridad Social ya mandó a los autónomos una primera propuesta al respecto en octubre, que dejaba a la gran mayoría de los autónomos con el mismo nivel de cotización o inferior y suponía un aumento para los de mayores ingresos. Por el momento, su propuesta no afectada a los autónomos societarios. El ministro Escrivá respondió ayer que confía en que la reforma pueda estar vigente en 2022, aunque sea para un primer colectivo de autónomos.
Modificación del complemento de maternidad
Reconfigurar el actual complemento de maternidad de las pensiones aprobado por el Gobierno de Rajoy en 2016, que ha sido invalidado por el Tribunal de Justicia de la UE por resultar discriminatorio para los hombres. El Gobierno pretende que el nuevo complemento compense el coste del cuidado de los hijos por parte de los progenitores, sea cual sea su sexo, aunque ya se sabe que beneficiará sobre todo a las mujeres que son las que a día de hoy interrumpen más sus carreras laborales por este motivo.
“El nuevo complemento parte del análisis de las trayectorias de cotización para identificar cuál de los dos progenitores se vio más perjudicado en su carrera contributiva por el nacimiento de cada uno de los hijos, previéndose que en caso de no existir un progenitor particularmente perjudicado se reconozca el complemento a la madre”, recoge el documento.
“Adecuar” la base máxima de cotización
El Ejecutivo recuerda el aumento, nacional e internacional, de la desigualdad, “que incluso se traduce en diferencias en esperanza de vida”. Esa desigualdad se ha plasmado también en los salarios en las últimas décadas, con un aumento de los sueldos más altos, que requiere de una “adecuación gradual de las bases de cotización máximas”. Es decir, su incremento para que los salarios más elevados contribuyan más a la Seguridad Social. En la actualidad, la base máxima de cotización está situada en los 4.070,10 euros.
El Gobierno indica a Bruselas no obstante que esa adecuación de las bases máximas “deberá ser concurrente con una modificación de la pensión máxima para no afectar a la naturaleza contributiva del sistema”.
Copiado de ‘El correo’.febrero del 2021à
El Gobierno asegura que el sistema de pensiones del futuro estará ligado al IPC y será «sostenible»
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, lo ha dejado claro en la Comisión de Seguridad Social que se ha celebrado esta tarde.
El impacto de la pandemia en nuestras vidas también llegará a las jubilaciones. Las consecuencias económicas derivadas de la crisis sanitaria también son la causa última que obligará al Gobierno a emprender una nueva reforma del sistema público de pensiones. Es, de hecho, una de las condiciones planteadas por la Unión Europea para poder acceder a los fondos europeos para la reconstrucción.
De modo que para averiguar cómo será esa reforma hay que recurrir al documento (muy generalista) que el Ejecutivo ya ha remitido a Bruselas y que, fundamentalmente, pretende endurecer las condiciones para acceder a la pensión pública completa y que recoge la mayor parte de las propuestas planteadas por el Pacto de Toledo.
Reducir las pensiones anticipadas
El Gobierno quiere penalizar aún más el retiro anticipado. Todavía será posible jubilarse dos años antes de la edad vigente en ese momento pero el Ejecutivo aboga por «racionalizar el recurso esa modalidad». Dicho de otro modo, se establecerán cambios en los coeficientes reductores (penalizadores) «para eliminar distorsiones».
Fomentar el retraso de la jubilación
Por otro lado, el Ejecutivo también quiere aumentar el número de cotizantes que decide seguir trabajando una vez alcanzada la edad de jubilación. Así, estudia establecer un incentivo del 4% por cada año de retraso aunque con ello se supere la pensión máxima establecida por ley. Este incentivo podrá cobrarse como un porcentaje adicional de por vida o en un pago único al jubilarse.
Para evitar que las empresas recurran a las jubilaciones anticipadas, se establecerán también beneficios para las que conserven en sus plantillas los trabajadores de mayor edad.
Nuevo factor de sostenibilidad
Se anuncia la sustitución del actual índice de revalorización de las pensiones por un nuevo mecanismo (que aún se está negociando con los agentes sociales) que garantice el mantenimiento del poder adquisitivo de los mayores. La base del nuevo cálculo estará «vinculado al IPC».
Más años para calcular la pensión
Aunque los famosos 35 años han sido negados por el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, sí se incrementará el período de cotización en el cálculo de la pensión más allá de los 25 años en que se situará ya el año que viene. Por otro lado, para «adecuar las carreras de cotización a la realidad laboral», se dará opción a escoger qué años se incluyen en ese cómputo, por lo que se podrán descartar los peores aunque sean los más cercanos al retiro.
Autónomos
El documento establece la implantación «gradual» de un nuevo sistema de cotización para los autónomos que atienda a los ingresos reales.
2,1 millones de autónomos cotizan más de lo que ingresan
Según los cruces que ha realizado el Ministerio de Inclusión con la Agencia Tributaria, en 2018 había 2,2 millones de autónomos con rendimientos de actividades económicas y más de la mitad de ellos tuvieron en 2018 unos rendimientos menores al salario mínimo interprofesional (SMI). Su aportación a la Seguridad Social sería menor que la actual con el nuevo sistema.
El nuevo Régimen de Trabajadores por Cuenta Propia (RETA) propone que los autónomos elijan su base de cotización en función de las previsiones de rendimientos que tendrán. Además, este será un sistema flexible que se podrá modificar a lo largo del año y que se regularizará un año después. Los trabajadores autónomos tendrán incluso la posibilidad de recuperar las cotizaciones pagadas de más.
En las últimas semanas, ha afirmado que espera que este nuevo sistema de cotización por ingresos reales para los trabajadores autónomos esté operativo en 2022.
Complemento por maternidad
Tras el rechazo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) al actual complemento de maternidad, el Gobierno plantea un nuevo mecanismo que partirá «del análisis de las trayectorias de cotización para identificar cuál de los dos progenitores se vio más perjudicado en su carrera contributiva por el nacimiento de cada uno de los hijos, previéndose que en caso de no existir un progenitor particularmente perjudicado se reconozca el complemento a la madre».
Por otro lado, sobre pensiones ha afirmado que el mecanismo de revalorización permanente de las pensiones en el que se está trabajando en el marco del diálogo social estará basado en el IPC y deberá tener en cuenta los años con IPC negativo y positivo y ha resaltado que se prevé que los años de IPC negativo se compensen a futuro.
Escrivá ha dejado claro que el objetivo del Ejecutivo es el de garantizar el poder adquisitivo. También ha incidido en que «no se va a contemplar que las pensiones bajen ningún año». «Se va a establecer un mecanismo compensatorio en una ventana hacia adelante», ha añadido.
«La contributividad es muy importante, pero tiene que combinarse con las nuevas realidades del mercado laboral y tener en cuenta los impactos que pueden tener estas situaciones de algunos trabajadores», ha dicho el ministro, que cree que debe haber un sistema de pensiones suficiente, contributivo y sostenible «frente a las políticas de trazo grueso del pasado».
Artículo publicado en el diario Público el 12 de julio de 2022
Se está presentado ‘el pacto de rentas’ como uno de los más importantes instrumentos para enfrentar el rápido aumento de precios que está experimentando la economía española. Sin más precisiones sobre el mismo, por lo menos para la opinión pública, de que este supondrá el control de los aumentos de salarios y que ‘los márgenes empresariales no aumenten’. Nos señalan, claro, que se trata de evitar que las reivindicaciones salariales y el traslado de las mismas a los precios de los productos conviertan el aumento de precios en una espiral precios-salarios-mayores precios.
¿Qué supone una política de rentas? Que los salarios no crezcan o crezcan considerablemente por debajo del aumento de precios, y, según lo manifestado por la Sra. Calviño, que ‘los márgenes de las empresas no aumenten’; es decir, que las empresas aceptan mantener sus márgenes, lo que les permitirá no alterar los precios de sus productos, y frenar su aumento, lo que posiblemente incidiría a la baja en sus beneficios empresariales.
Esta política afecta seriamente la distribución del producto social por lo que se pretende el acuerdo y la aceptación de los agentes sociales -patronal y sindicatos- y se justifica con el argumento que todos tenemos que contribuir a resolver el problema de la inflación y que el coste de la inflación tiene que ser compartido por toda la población de manera justa y equilibrada. No obstante hay algunos elementos que pueden hacer pensar que casi siempre esta política, y desde luego por lo que se sabe su planteamiento actual, sufre de algunos elementos que afectan seriamente esta justicia y equilibrio y que una mayoría de la población -los trabajadores – se ve obligada a soportar desproporcionadamente los costes de la inflación, mientras que los beneficios empresariales pueden eludir con mucha mayor facilidad dicho coste.
Veamos algunos de estos elementos en un contexto en que es sabido que los salarios llevan un largo periodo de congelación o disminución y que la inflación y una política de rentas conlleva la pérdida de su capacidad adquisitiva. Por otra parte, aunque hay grandes diferencias en los beneficios empresariales, no parece que las empresas están experimentando grandes pérdidas, y muchas de ellas, en particular las más grandes y de algunos sectores concretos, están siendo favorecidas por la evolución de la economía en el periodo reciente.
Una política de rentas conlleva siempre un desequilibrio importante en dos aspectos: uno, ¿quién ejecuta y controla los acuerdos suscritos? Y dos, ¿qué pasa con las rentas que han sido controladas?
Uno, no hay problema con el control de salarios: son bien conocidos pues son declarados en las nóminas y las empresas lo ejecutan, dado que tienen interés en mantener bajos los salarios, pero ¿quién controla los márgenes empresariales? Su fijación puede seguir vías muy variadas y difíciles de controlar y, además, por definición el resultado empresarial es un resultado aleatorio a posteriori de la actividad empresarial. Difícil de controlar, también por definición Además, si los márgenes empresariales se mantienen, no disminuyen, no conducirán a una disminución de precios. ¿Cómo se proponen controlar todo esto, quien lo comprobará? ¿Se tiene la suficiente confianza en las declaraciones de las propias empresas o se propone algún sistema eficiente de control?
Dos: los trabajadores que pierden su capacidad adquisitiva la pierden, no la recuperan. Es un hecho. Y la empresa puede incluso convertirse en mas eficiente debido a ello. Es el objetivo de la política de rentas. Sin embargo, probablemente el control de márgenes suponga un mantenimiento o incluso, un aumento de beneficios que, aunque no sean distribuidos mejora la situación económica de la empresa y posiblemente su patrimonio empresarial. Y este sigue siendo propiedad de la empresa y los accionistas. Es decir, los trabajadores pierden lo que no reciben, los accionistas acumulan. Esta diferencia habría de tenerse en cuenta si se pretende cualquier política de rentas justa y proveer de algún mecanismo que equilibrase tan importante diferencia. No basta con no aumentar los márgenes sino que se habría de tener en cuenta la distribución de lo que se ahorra con la política de rentas y proveer mecanismos de devolución de lo ahorrado a los trabajadores. ¿Existe alguna provisión por este concepto en la propuesta? De lo que conozco, nunca he visto que se incluya ninguna anticipación de este carácter en ninguna política de rentas, pero eso no quiere decir que no deba existir para que el desequilibrio en los resultados de dicha política no sean muy injustos.
La política de rentas es mucho más costosa para los trabajadores en términos de salarios perdidos que para las empresas en términos de potenciales beneficios dañados.
Otro elemento importante a tener en cuenta es que España presenta cifras en línea con la subida de precios internacional, pero algo más altos que muchos países europeos. ¿Cuáles son los factores diferenciales que causan esta divergencia? No es el coste laboral, por tanto, ¿no habría de centrarse la atención en analizar cuáles son los aspectos que disminuyen la eficiencia del sistema productivo? Sería interesante profundizar en por qué el aumento de precios internacionales resulta en un alza superior en España.
También hay que preguntarse si este desigual pacto es necesario o un buen instrumento para resolver la inflación que nos atenaza.
Suponemos que la lógica de esta propuesta, estrictamente dirigida al ámbito estatal, se orienta más a paliar las consecuencias del aumento de precios que a incidir en sus causas, en un contexto en que es ampliamente reconocido el carácter internacional de las causas principales del aumento de precios: cuellos de botella de la oferta de productos muy fundamentales, precio y dificultades de los transportes internacionales, aumento del precio del petróleo (hasta estos días en que este ha girado a la baja), el gas y algunas materias primas básicas, más la incidencia en todos estos elementos de la guerra en Ucrania y las sanciones impuestas a Rusia. Es una inflación que afecta por lo menos a Estados Unidos y toda Europa. ¿Hasta dónde un control de rentas estatal puede ser significativamente eficiente en este contexto global? Pero ello no es óbice para recurrir a una medida muy onerosa para los trabajadores, con muy pocas garantías que la misma consiga incidir en las causas que llevan a la inflación.
Parece contradictorio que en una inflación en que, con bastante claridad, son los elementos de oferta los que están en la base de la misma, las dos principales medidas que se proponen para resolverla sean el aumento de los tipos de interés a nivel internacional, y el pacto de rentas en el ámbito estatal. Dos medidas dirigidas a controlar la demanda y que se acepta que pueden causar una disminución de la actividad económica y del ritmo productivo y de crecimiento, con un grave peligro de causar una importante recesión. ¿Y si se vuelve a deteriorar de nuevo la situación del empleo de la que tanto está costando salir? Los asesores que recomiendan estas medidas, ¿cómo establecen la secuencia que conduce a una solución? Las medidas que se quieren tomar para controlar la inflación estén más dirigidas a paliar sus consecuencias -aspecto también totalmente necesario- que a atacar las causas de la misma. Es necesario y parece lógico que se traten de paliar las consecuencias de la inflación para la población, pero no parece que es bueno un camino que afecta desproporcionadamente a los trabajadores y les hace correr un peligro de verse envueltos en un problema todavía mayor, como el del empleo y los niveles salariales que para muchos trabajadores están llegando a niveles muy bajos. Además de más y mejores medidas de apoyo a los más débiles, imprescindibles porque no se consigue frenar la inflación, habrían de aplicarse medidas más eficientes dirigidas a facilitar el control y aun la disminución de precios aunque sea en el interior. ¿No sería más útil intentar mejorar la eficacia del sistema productivo, de las empresas, para producir a menor coste, sin que sea el laboral el único coste que parece importar? Es curioso que se le conceda tanta importancia a esta medida, cuando es obvio que en esta ocasión, como se hace con frecuencia, no se puede acusar a los salarios de ser los causantes del aumento de precios y que su valor para controlar la inflación es dudoso. Es difícil dejar de preguntarse si no habrá otros objetivos menos publicitados que constituyan el propósito final de esta política.
Todas las medidas que se están tomando para controlar la inflación están mostrando pobres resultados. Esta inflación parece que está demostrando que en una economía capitalista, tan globalizada como la actual y tan descentralizada respecto a los mercados y con serias limitaciones respecto a las decisiones que se pueden tomar de carácter económico-político en los países, es muy difícil encontrar remedios factibles a nivel estatal. La evolución económica depende de variables inaccesibles para cualquier unidad independiente -país-, que se encuentra sometida a los avatares resultantes de las disposiciones de unidades de decisión enormemente potentes, muy alejadas de los objetivos de una situación satisfactoria para las poblaciones y los trabajadores de los distintos países.Pretender manejar esas situaciones para el bienestar de la población parece un objetivo cada vez más complicado y quimérico. A los que no nos queda más remedio que aguantar todas las dificultades que los grandes poderes ocasionen a las poblaciones de a pie parece que sólo nos queda intentar aguantar hasta que la próxima evolución de la economía global nos permita beneficiarnos de los cada vez más cortos periodos de progreso que se intercalan entre las crisis. Es probablemente en la consciencia de las poblaciones que perciben esta realidad donde se puede encontrar la fuente de la desafección de las poblaciones por la política. Pero esto lo dejamos para otro día.
Dos hombres y dos agentes de la Policía Nacional durante una manifestación frente a la sede de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) para exigir salarios dignos, a 6 de julio de 2022, en Valencia, Comunidad Valenciana (España).- EUROPA PRESS
