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Erre que erre: la segunda parte de la reforma de las pensiones

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Artículo publicado en el diario Público el 12 de diciembre de 2022

Ya se sabía que antes de fin de año se había de completar la segunda parte de la reforma de las pensiones. Es sorprendente que se haya esperado hasta tan tarde para intentar completarla. Esperar a fines de noviembre para concretar una modificación que se ha de terminar antes de fin de año, pone de manifiesto que no se plantea un debate final tranquilo y sereno sobre el tema, sino una conclusión precipitada y forzada. ¿Por qué se espera hasta tan tarde? Es verdad que el Sr. Escrivá ya ha ido lanzando globos sonda para su propuesta desde hace varios meses, pero sólo ahora, con la urgencia de la última hora la concreta. ¿Por qué?

Desde 1988 se está hablando permanentemente de la reforma del sistema público de pensiones. Este se va modificando sin cesar y a medida que transcurren los años y mejora la esperanza de vida la preocupación por querer hacer las pensiones públicas ‘sostenibles’ va aumentando, no solo para el próximo futuro sino incluso para dentro de varias décadas. Y ‘sostenibles’ quiere decir que las pensiones se financien esencialmente con las cotizaciones de los trabajadores en activo y alguna aportación menor del erario público.

Sin embargo, durante muchos años las pensiones se financiaron sin problemas. Incluso se costearon otros cuantiosos gastos, sobraba dinero y se llegó a constituir un fondo para cubrir posibles periodos difíciles. Ahora las personas viven más años, los salarios y las cotizaciones disminuyen y nos dicen que este fondo se ha agotado, que la Seguridad Social incurre en un importante déficit y sólo se pueden cubrir las pensiones por medio de contraer una fuerte deuda con el Estado. La Seguridad Social busca fórmulas -¿milagrosas?- que permitan cubrir sus compromisos del erario público con la ciudadanía envejecida, que ha cotizado durante muchos años por sus derechos.  Se suceden constantemente las modificaciones del sistema, pero casi siempre por medio de reducir el importe de las pensiones que recibirán los pensionistas. Quienes por su parte reivindican activamente su derecho a disponer de pensiones dignas ahora y en los pensionistas del futuro.

Se multiplican las propuestas de reforma del sistema y se repiten los debates en la opinión pública. La ciudadanía está ya cansada de estas discusiones inacabables. Periódicamente se plantea el mismo tema y las conclusiones conducen siempre a una disminución de las pensiones percibidas. Incluso, especialmente entre la juventud, se ha generalizado la idea de que dentro de bastantes años las pensiones públicas serán mínimas o desaparecerán. Y aunque las autoridades pertinentes aseguran que esto no sucederá, una parte importante de la opinión pública lo asume, aunque sin acabar de creérselo del todo. Parece que el sistema que funcionó decentemente durante muchos años ya no desempeña adecuadamente su papel.  Ya no se quiere dedicar todo el dinero necesario a las pensiones.  La reforma de la financiación de las jubilaciones se plantea como un imperativo en la política pública, no sólo en España sino igualmente en el ámbito europeo.

Aunque habría que matizar mucho esta aceptación, admitamos por un momento que este sistema está generando un gran déficit en las cuentas de pensiones de la S.S., que el sistema actual no es suficiente para cubrir el gasto necesario. Entonces, parece que lo más lógico sería tener que cambiar el sistema, buscar y encontrar otro que sea más eficiente. Sin embargo, todas las reformas se plantean como modificaciones en torno a los márgenes del mismo eje central que consiste en que las pensiones se tienen que financiar sobre la base de las cotizaciones de los trabajadores en activo. Que las pensiones se tienen que financiar con las aportaciones de las cotizaciones de los trabajadores en activo se ha convertido en el fundamento inamovible de todos los planteamientos. Y todas las propuestas giran en torno a como aumentar los ingresos de estas y como disminuir las prestaciones para que no se genere o aumente el temido déficit. Se modifica por un lado y por otro el sistema de siempre, con modificaciones fragmentarias que sólo pueden resolver el problema parcialmente.   Y este eje central para lograr la sostenibilidad no se modifica.  Y de ahí no se sale. ¿No se puede modificar de otra forma el sistema, plantear realmente una alternativa, sin someter a los pensionistas permanentemente a los sobresaltos de lo que puede suceder con un derecho fundamental para su futuro? Es verdaderamente tedioso y poco productivo repetir el problema sin ser capaces de generar una solución estable y eficiente.

Miren Etxezarreta con Domiciano Sandoval en la plaza del Clot de Barcelona en un acto en defensa de las pensiones públicas

Empecemos por el principio: Un mantenimiento digno de las personas mayores, de los pensionistas, es una función social que cualquier sociedad medianamente civilizada tiene que cumplir.  Las cotizaciones sociales han cubierto esta necesidad adecuadamente durante muchos años, no olvidemos que todavía hace pocos años que las cuentas de la SS. presentaban superávits capaces de generar fondos de previsión muy válidos. Si ahora, porque la gente vive más años y los salarios son más bajos y, por lo tanto, las cotizaciones no son suficientes, se plantea que las cotizaciones no cubren las finanzas necesarias, habrá que encontrar un sistema adecuado y eficiente alternativo.

Actualmente las prestaciones de pensiones y la S.S. se financian con las cotizaciones, lo que supone unos impuestos especiales, que además de ser los mayores impuestos del país, se pagan directamente por el trabajo (cotizaciones de empresas y trabajadores), por encima de todas las demás formas de imposición del país.  ¿Por qué los pensionistas tienen que pagar un impuesto adicional si con este sistema no llega?, ¿por qué no plantear un sistema de financiación de las prestaciones sociales, de las pensiones, integrado en un sistema fiscal general? No debe ser tan difícil integrar las cotizaciones sociales en un sistema fiscal de conjunto hasta que se cubra la financiación necesaria y no habría que estar cambiando cada poco el sistema de pensiones.  Suena extraño y fuerte, seguramente por novedoso, pero ¿no contribuiría mucho a mejorar la igualdad para financiar todos los gastos de la ciudadanía? ¿sin tener que estar buscando cada poco como modificar el sistema en márgenes y vericuetos varios dando vueltas como noria cerrada al mismo tema? Si se mira al problema olvidando las ideas preconcebidas, ¿por qué son solo las pensiones las que tienen que financiarse directamente con las cotizaciones? Es verdad que este sistema se ha formado históricamente, pero parece que cuando hace falta, se tienen que poder modificar los sistemas de organización colectiva. Y esto no es imposible. Veamos:

A medida que las formas de vida van cambiando surgen nuevas necesidades, que se tienen que financiar: por ejemplo, cuantos miles de kilómetros de autopistas se han hecho en los últimos años, cuanto se ha invertido en implantar el AVE, se acaba de aceptar que es necesario doblar el gasto en la OTAN, el sistema judicial, la policía y el ejercito necesitan cada vez más medios, la educación, la sanidad, la vida política del país, las instituciones democráticas, se tienen que financiar, etc. etc. Todos estos gastos y muchos más se financian con cargo a la riqueza social que se produce y se distribuye por medio de los impuestos.  ¿Por qué no las pensiones? La sociedad tiene que financiar sus gastos sociales con la riqueza que produce colectivamente. ¿Por qué los gastos de las pensiones se tienen que financiar de forma distinta, sólo con las cotizaciones de los pensionistas?  Hasta ahora han bastado, pero si no bastan, hay que cambiar el sistema. ¿Quién o qué lo impide?  No queda más remedio que preguntarse, ¿por qué las pensiones y los gastos de la Seguridad Social son los únicos gastos sociales que se tienen que financiar directamente con las cotizaciones de los trabajadores de forma diferente de todos los demás gastos colectivos? ¿Por qué no con los impuestos de la colectividad?  Y tendrían que tener, como todos los demás gastos, su manifestación en los presupuestos generales del Estado.  No tendría que haber problema de financiación de las pensiones en esta situación. ¿Por qué y cómo se afirma así que no hay suficiente financiación para las pensiones? ¿Qué es lo que justifica que sean diferentes?  Y podría diseñarse un sistema alternativo que no presentará de la misma forma el problema y las posibles soluciones

Me parece que hay haber otras razones de mucho peso que mantienen el sistema inamovible. Frente a los innumerables debates que se organizan en torno a la sostenibilidad de las pensiones hay muchos aspectos que casi no se mencionan. Por ejemplo, se comenta sobre el aumento del número de pensionistas en el próximo futuro y que cada vez hay menos trabajadores por pensionista lo que supone dificultades de financiación, pero casi nunca se menciona que es muy posible que cada trabajador produzca más riqueza en el futuro, con lo cual se puede cubrir el mismo gasto con muchos menos trabajadores. Rara vez se menciona la riqueza que el sistema productivo del país es capaz de producir, ignorándose las posibilidades de financiación que esto proporciona. Una sociedad cada vez más rica puede financiar más gasto social aunque sean menos los trabajadores que cooperan en el proceso de su producción. Es insuficiente ahora porque con las cotizaciones se tiene en cuenta sólo el número de trabajadores que participan en la producción y su salario, cuando lo importante no es el número de personas, sino la riqueza total de producen y el excedente que queda para otros gastos. Concretamente para las pensiones en este caso.

Me pregunto también por el impacto que tienen en el sistema público los sistemas de las pensiones privadas. Por una parte, la existencia de esquemas privados de pensiones, regidos por entes financieros, muestra que es posible operar un sistema de pensiones de forma muy distinta del sistema público actual, y, por el otro, las pensiones privadas se proponen a menudo como sustitutivos o complementos de las públicas.  No hay duda que la preocupación por la disminución o posible desaparición de las pensiones públicas constituyen un buen incentivo para dedicar los ahorros, para quien dispone de ellos, a esquemas privados de pensiones. Y que este sistema proporciona cuantiosos beneficios a los entes financieros por lo que estos las estimulan de muy variadas maneras. [Incidentalmente, es ‘curioso’ que con frecuencia el debate sobre los problemas de las pensiones públicas coincide en el tiempo con los periodos en que los entes financieros publicitan las excelencias de las pensiones privadas].

Así mismo, se mantiene que las cotizaciones de las pensiones públícas no deben aumentar y no son posibles, pero sin embargo se estimulan de muy variadas formas las pensiones privadas, que suponen siempre inevitablemente un aumento del dinero dedicado a las pensiones por parte de la población con ahorros privados. ¿Qué otra cosa es esto más que aumentar la financiación de las pensiones por otras vías paralelas, aumentando de paso el negocio para los entes financieros? 

La imagen que se está dando desde hace años, de que sólo las cotizaciones tienen que cubrir las pensiones, en lugar de considerarlas como los demás derechos sociales que deben cubrirse con la riqueza general del país y los impuestos que las expresan, es un símbolo equivocado y peor, ineficiente e incierto. Subir, bajar, cambiar el sistema de pensiones en los márgenes, marear la perdiz sin ningún objetivo.  Las pensiones, como todos los derechos sociales, se tienen que cubrir con la riqueza del país y todo sería más claro. Si no llega con las cotizaciones se tienen que cubrir con los impuestos y constar en los presupuestos generales del Estado, igual que todos los demás derechos y otros gastos sociales.  

                                                                                              Miren Etxezarreta

                                                                                              Barcelona, diciembre 2022

Algunos comentarios más sobre el pacto de rentas

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Artículo publicado en el diario Público el 12 de julio de 2022

Se está presentado ‘el pacto de rentas’ como uno de los más importantes instrumentos para enfrentar el rápido aumento de precios que está experimentando la economía española. Sin más precisiones sobre el mismo, por lo menos para la opinión pública, de que este supondrá el control de los aumentos de salarios y que ‘los márgenes empresariales no aumenten’. Nos señalan, claro, que se trata de evitar que las reivindicaciones salariales y el traslado de las mismas a los precios de los productos conviertan el aumento de precios en una espiral precios-salarios-mayores precios.

¿Qué supone una política de rentas? Que los salarios no crezcan o crezcan considerablemente por debajo del aumento de precios, y, según lo  manifestado por la Sra. Calviño, que ‘los márgenes de las empresas no aumenten’; es decir, que las empresas aceptan mantener sus márgenes, lo que les permitirá no alterar los precios de sus productos, y frenar su aumento, lo que posiblemente incidiría a la baja  en sus beneficios empresariales.

Esta política afecta seriamente la distribución del producto social por lo que se pretende el acuerdo y la aceptación de los agentes sociales -patronal y sindicatos- y se justifica con el argumento que todos tenemos que contribuir a resolver el problema de la inflación y que el coste de la inflación tiene que ser compartido por toda la población de manera justa y equilibrada. No obstante hay algunos elementos que pueden hacer pensar que casi siempre esta política, y desde luego por lo que se sabe su planteamiento actual, sufre de algunos elementos que afectan seriamente esta justicia y equilibrio y que una mayoría de la población -los trabajadores – se ve obligada a soportar desproporcionadamente los costes de la inflación, mientras que los beneficios empresariales pueden eludir con mucha mayor facilidad dicho coste.

Veamos algunos de estos elementos en un contexto en que es sabido que los salarios llevan un largo periodo de congelación o disminución y que la inflación y una política de rentas conlleva la pérdida de su capacidad adquisitiva. Por otra parte, aunque hay grandes diferencias en los beneficios empresariales, no parece que las empresas están experimentando grandes pérdidas, y muchas de ellas, en particular las más grandes y de algunos sectores concretos, están siendo favorecidas por la evolución de la economía en el periodo reciente.

Una política de rentas conlleva siempre un desequilibrio importante en dos aspectos: uno, ¿quién ejecuta y controla los acuerdos suscritos? Y dos, ¿qué pasa con las rentas que han sido controladas?

Uno, no hay problema con el control de salarios: son bien conocidos pues son declarados en las nóminas y las empresas lo ejecutan, dado que tienen interés en mantener bajos los salarios, pero ¿quién controla los márgenes empresariales? Su fijación puede seguir vías muy variadas y difíciles de controlar y, además, por definición el resultado empresarial es un resultado aleatorio a posteriori de la actividad empresarial. Difícil de controlar, también por definición Además, si los márgenes empresariales se mantienen, no disminuyen,  no conducirán a una disminución de precios. ¿Cómo se proponen controlar todo esto, quien lo comprobará?  ¿Se tiene la suficiente confianza en las declaraciones de las propias empresas o se propone algún sistema eficiente de control?

Dos: los trabajadores que pierden su capacidad adquisitiva la pierden, no la recuperan. Es un hecho. Y la empresa puede incluso convertirse en mas eficiente debido a ello. Es el objetivo de la política de rentas. Sin embargo, probablemente el control de márgenes suponga un mantenimiento o incluso, un aumento de beneficios que, aunque no sean distribuidos mejora la situación económica de la empresa y posiblemente su patrimonio empresarial. Y este sigue siendo propiedad de la empresa y los accionistas. Es decir, los trabajadores pierden lo que no reciben, los accionistas acumulan. Esta diferencia habría de tenerse en cuenta si se pretende cualquier política de rentas justa y proveer de algún mecanismo que equilibrase tan importante diferencia. No basta con no aumentar los márgenes sino que se habría de tener en cuenta la distribución de lo que se ahorra con la política de rentas y proveer mecanismos de devolución de lo ahorrado a los trabajadores. ¿Existe alguna provisión por este concepto en la propuesta? De lo que conozco, nunca he visto que se incluya ninguna anticipación de este carácter en ninguna política de rentas, pero eso no quiere decir que no deba existir para que el desequilibrio en los resultados de dicha política no sean muy injustos.

La política de rentas es mucho más costosa para los trabajadores en términos de salarios perdidos que para las empresas en términos de potenciales beneficios dañados.

Otro elemento importante a tener en cuenta es que España presenta cifras en línea con la subida de precios internacional, pero algo más altos que muchos países europeos. ¿Cuáles son los factores diferenciales que causan esta divergencia? No es el coste laboral, por tanto, ¿no habría de centrarse la atención en analizar cuáles son los aspectos que disminuyen la eficiencia del sistema productivo? Sería interesante profundizar en por qué el aumento de precios internacionales resulta en un alza superior en España.

También hay que preguntarse si este desigual pacto es necesario o un buen instrumento para resolver la inflación que nos atenaza.

Suponemos que la lógica de esta propuesta, estrictamente dirigida al ámbito estatal, se orienta más a paliar las consecuencias del aumento de precios que a incidir en sus causas, en un contexto en que es ampliamente reconocido el carácter internacional de las causas principales del aumento de precios: cuellos de botella de la oferta de productos muy fundamentales, precio y dificultades de los transportes internacionales, aumento del precio del petróleo (hasta estos días en que este ha girado a la baja), el gas y algunas materias primas básicas, más la incidencia en todos estos elementos de la guerra en Ucrania y las sanciones impuestas a Rusia. Es una inflación que afecta por lo menos a Estados Unidos y toda Europa. ¿Hasta dónde un control de rentas estatal puede ser significativamente eficiente en este contexto global? Pero ello no es óbice para recurrir a una medida muy onerosa para los trabajadores, con muy pocas garantías que la misma consiga incidir en las causas que llevan a la inflación.

Parece contradictorio que en una inflación en que, con bastante claridad, son los elementos de oferta los que están en la base de la misma, las dos principales medidas que se proponen para resolverla sean el aumento de los tipos de interés a nivel internacional, y el pacto de rentas en el ámbito estatal. Dos medidas dirigidas a controlar la demanda y que se acepta que pueden causar una disminución de la actividad económica y del ritmo productivo y de crecimiento, con un grave peligro de causar una importante recesión. ¿Y si se vuelve a deteriorar de nuevo la situación del empleo de la que tanto está costando salir?  Los asesores que recomiendan estas medidas, ¿cómo establecen la secuencia que conduce a una solución? Las medidas que se quieren tomar para controlar la inflación estén más dirigidas a paliar sus consecuencias -aspecto también totalmente necesario- que a atacar las causas de la misma. Es necesario y parece lógico que se traten de paliar las consecuencias de la inflación para la población, pero no parece que es bueno un camino que afecta desproporcionadamente a los trabajadores y les hace correr un peligro de verse envueltos en un problema todavía mayor, como el del empleo y los niveles salariales que para muchos trabajadores están llegando a niveles muy bajos. Además de más y mejores medidas de apoyo a los más débiles, imprescindibles porque no se consigue frenar la inflación, habrían de aplicarse medidas más eficientes dirigidas a facilitar el control y aun la disminución de precios aunque sea en el interior. ¿No sería más útil intentar mejorar la eficacia del sistema productivo, de las empresas, para producir a menor coste, sin que sea el laboral el único coste que parece importar? Es curioso que se le conceda tanta importancia a esta medida, cuando es obvio que en esta ocasión, como se hace con frecuencia, no se puede acusar a los salarios de ser los causantes del aumento de precios y que su valor para controlar la inflación es dudoso. Es difícil dejar de preguntarse si no habrá otros objetivos menos publicitados que constituyan el  propósito final de esta política.

Todas las medidas que se están tomando para controlar la inflación están mostrando pobres resultados. Esta inflación parece que está demostrando que en una economía capitalista, tan globalizada como la actual y tan descentralizada respecto a los mercados y con serias limitaciones respecto a las decisiones que se pueden tomar de carácter económico-político en los países, es muy difícil encontrar remedios factibles a nivel estatal. La evolución económica depende de variables inaccesibles para cualquier unidad independiente -país-, que se encuentra sometida a los avatares resultantes de las disposiciones de unidades de decisión enormemente potentes, muy alejadas de los objetivos de una situación satisfactoria para las poblaciones y los trabajadores de los distintos países. Pretender manejar esas situaciones para el bienestar de la población parece un objetivo cada vez más complicado y quimérico.  A los que no nos queda más remedio que aguantar todas las dificultades que los grandes poderes ocasionen a las poblaciones de a pie parece que sólo nos queda intentar aguantar hasta que la próxima evolución de la economía global nos permita beneficiarnos de los cada vez más cortos periodos de progreso que se intercalan entre las crisis. Es probablemente en la consciencia de las poblaciones que perciben esta realidad donde se puede encontrar la fuente de la desafección de las poblaciones por la política. Pero esto lo dejamos para otro día.

Dos hombres y dos agentes de la Policía Nacional durante una manifestación frente a la sede de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) para exigir salarios dignos, a 6 de julio de 2022, en Valencia, Comunidad Valenciana (España).- EUROPA PRESS

Privatizando y privatizando…

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Artículo publicado en el diario Público el 9 de marzo de 2022

En medio del terrible estruendo de una guerra y la algarabía de la vida política reciente, se corre el peligro de olvidar que la vida cotidiana continúa. Pero no es así y algunas decisiones políticas pueden tener graves consecuencias, aunque de momento venga bien a los políticos que pasen desapercibidas. El martes dia 22, en el Consejo de Ministros, se procedió a la segunda lectura y aprobación del Proyecto de Ley de Regulación para el impulso de los Planes de Pensiones de Empleo.  Al ser esta la segunda lectura se inicia el procedimiento para su aprobación en el Parlamento.

Supuestamente el objetivo de este Anteproyecto es el de ofrecer una nueva fórmula para que, además de las pensiones públicas, los trabajadores con una contribución complementaria puedan acceder a  planes de pensiones adicionales  fomentados por el Estado, en condiciones favorables especialmente para los asalariados de rentas bajas y también para los autónomos. Originariamente, se planteó incluir también a los funcionarios de las Administraciones Públicas más pequeñas pero esto último ha quedado para una etapa posterior. Aunque los planes de empresa ya existían, la diferencia que introduce este anteproyecto de ley es la implicación directa  de la Administración Pública y de la Seguridad Social en la promoción de los fondos de empresa.

La primera referencia obligada respecto a esta segunda lectura es la opacidad y poca información que la ha acompañado. Sin duda, existe la referencia del Consejo de Ministros y algunas notas de prensa pero al ser incluida en el fárrago de noticias de estos días su interés ha pasado casi desapercibido, a pesar de que muy probablemente tenga graves consecuencias para los 9 millones de pensionistas del país. Debe ser ‘casualidad’ que en este Ministerio coincidan la presentación de aspectos dudosos para las pensiones con temas que atraigan a la opinión pública en otra dirección.

Los fondos de empleo estarán constituidos por el conjunto de las aportaciones complementarias de la empresa y de los trabajadores (sobre las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social), pudiendo estos ampliar voluntariamente su aportación en función de la aportación empresarial. Un cuadro especifico establece los límites de estas aportaciones.

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Escrivá participa en una jornada sobre los nuevos fondos de pensiones de empleo.- Alberto Ortega / Europa Press

La idea de un Fondo Público de pensiones complementarias podría ser interesante y merecería la pena una atención detallada, a pesar de que plantearía por sí misma bastantes preguntas (aumentar las diferencias en la distribución de la renta de los pensionistas, por ejemplo). Pero la propia redacción del Anteproyecto conduce a dificultar el carácter preciso del mismo, pues hay que fijarse mucho para clarificar si los fondos proyectados tendrán un carácter público o privado. El anteproyecto se refiere específicamente a fondos de pensiones de empleo de promoción pública, pero es sólo la promoción la que tiene este carácter, pues inmediatamente se señala como primera medida de este sistema que será gestionado por el sector privado. «El Gobierno será el encargado de promover los fondos colectivos, aunque su gestión dependerá de gestoras de fondos. Estas se elegirán por concurso, de manera que se incentive la competencia y ofrezcan bajas comisiones para sus partícipes. Para ello, se abrirá un concurso. La licitación estará abierta para todas las gestoras, sin importar su nacionalidad.  Por el momento, ninguna ha expresado interés». ¿Qué significa realmente el potenciar los fondos de pensiones de promoción pública, pero gestionados por entidades privadas? Que las pensiones complementarias estarán en manos de los entes  privados (no se sabe de la existencia de fondos públicos con estos objetivos). Si esto es sancionado por la ley, ello supone entregar en bandeja a los entes financieros una parte muy importante del ahorro colectivo generado por los trabajadores españoles. ¿A cambio de qué?

¿Por qué ese interés en destacar a lo largo de todo el anteproyecto el carácter público de los fondos – ‘un nuevo marco jurídico que impulse los planes de pensiones de empleo y contemple la promoción pública de fondos de pensiones’- cuando realmente van a ir directamente a entes privados? El uso del adjetivo no parece inocente, ¿estará orientado a confundir a los posibles participes que no sospechan de la manipulación a la que son sometidos?

Con este texto normativo, se refuerzan planes de empresa de promoción pública abiertos y planes simplificados – que cuentan con un sistema menos complejo de promoción que el vigente. Entre los diversos estímulos de diferentes tipos que se conceden a estos planes, hay que destacar la importancia de las desgravaciones fiscales que se les asignan, argumentando que ello conduce a la ‘traslación de los beneficios fiscales a las rentas medias y bajas’. Y ello a  pesar de las recurrentes protestas de los pensionistas por las desgravaciones fiscales concedidas anteriormente a las pensiones privadas.

A los trabajadores asalariados se les concede la reducción de la base imponible a tipo marginal en el IRPF (a un 30% en el empleado medio) con unos límites que se establecen en función de la contribución empresarial. Continuando, además, el mantenimiento de la desgravación base, con la diferenciación de la fiscalidad entre planes individuales y colectivos, estableciendo un límite en la deducción de la base imponible de 1.500 euros y de 10.000 euros, respectivamente.

Los autónomos podrán desgravar hasta 5.750 euros anuales (el triple de la desgravación actual) en su base imponible en el IRPF, pero sobre todo, resulta que para las Empresas se reintroduce la no cotización de las contribuciones a la Seguridad Social en las aportaciones a estos planes, que estuvo vigente hasta 2013, limitada ahora a 115 euros mensuales/1.380 euros por empleado (lo que supone un ahorro de casi 400 euros por trabajador). Es decir, se premian las aportaciones a los fondos privados mejorando las bonificaciones para las empresas, a costa de disminuir los fondos que van a la Seguridad Social. Por ello no es sorprendente que las empresas sean muy favorables y tengan interés en promover este sistema, para lo que también les faculta el Anteproyecto.  Con estas generosas desgravaciones a las contribuciones a los fondos gestionados por entes privados, ¿cómo es posible argumentar que peligra la sostenibilidad de las pensiones públicas?

¿Cuáles son los argumentos económicos, sociales, políticos, que justifiquen la privatización del ahorro y de las pensiones impulsadas por condiciones especiales ajenas a la competencia normal del mercado? ¿Cuál es el objetivo último, real, de este estímulo a las pensiones ‘complementarias’ gestionadas privadamente?

Utilizar la legislación para privatizar se salta la normativa habitual sobre la competencia necesaria entre las instituciones de mercado y la igualdad de la ciudadanía ante la ley. ¿Es legal tal tratamiento al ahorro aduciendo el interés en que lleguen a las rentas más bajas? No sé si es legal o no, pero desde luego constituye un gran escándalo: un gobierno que se dice progresista, si no de izquierdas, plantea una ley que beneficia abiertamente a los entes financieros, aumenta la desigualdad entre los trabajadores y privatiza las pensiones públicas.

¿Nos obliga la UE a esta línea de actuación?  ya que ella insiste permanentemente en que España debe resolver ‘su problema de pensiones’ para poder acceder a las ayudas de la Unión. El gobierno espera tener aprobado este anteproyecto antes del 30 de junio de 2022 como parte del compromiso del ejecutivo con Bruselas para la recepción de los fondos europeos. ¿Es esta la aportación de la UE a la supuesta problemática de la viabilidad del sistema de pensiones en España?  Triste aportación del acervo comunitario.

¿Es posible que sea debido a que en España las pensiones privadas, individuales o colectivas son sensiblemente inferiores a las de otros países de la Unión? Ignorando  que con salarios más bajos, como tantos ahora, es difícil que los futuros pensionistas puedan ahorrar más para pensiones complementarias. El porcentaje de personas cubiertas por planes de empleo en España es de un 10,2% mientras que en Europa va en un rango amplio del 25 al 90 por ciento, pero en el País Vasco, pionero en este sistema, un 48% de los asalariados están cubiertos por las entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV), según los datos del Ministerio.

Asimismo, resulta que a lo largo de los años, el patrimonio gestionado en los fondos de pensiones de empleo ha perdido peso relativo respecto del total de fondos de pensiones -representaban un  50% del total de la previsión social complementaria al inicio de los años 90 y ahora sólo llegan a  un porcentaje ligeramente superior al 25%- , ¿se pretende aumentarlas para satisfacer a los entes financieros que las gestionan? Es de temer que este sea un elemento de gran importancia en este proyecto

Además, la aportación empresarial, ¿no tendrá incidencia en las negociaciones sobre los niveles salariales, pues pueden disminuir los aumentos de salario debido a las aportaciones empresariales a las pensiones de empresa ?

A veces, dicen también que es porque las pensiones públicas en España son demasiado altas, ¿se atreven a sostenerlo cuando la media de las mismas (y es sólo una media) supera justamente  los mil euros?

Los planes de empresa aumentarán la diferencia, la desigualdad, entre aquellos pensionistas que tengan pensiones privadas y los que no las tengan. Más todavía dado que las desgravaciones fiscales están vinculadas a las aportaciones empresariales. Aquellos trabajadores que no puedan ahorrar para mejorar su pensión ‘complementaria’  o pertenezcan a empresas que no las quieran establecer,  ¿quedarán a merced de ‘su peor suerte’, cuando no sometidos a la idea de que no disfrutan de mejores pensiones por no haber sido previsores?  ¿De qué dependerá la aportación empresarial a las pensiones de los trabajadores, ¿podrán ser usadas para incentivos individualizados?   ¿Qué sucederá con aquellos trabajadores que no quieran integrarse en las pensiones complementarias supuestas ‘voluntarias’? ¿No incurrirán en un estigma? ¿Hasta dónde se va a respetar su ‘libertad’?

Alternativamente, ¿por qué se consideran necesarias las pensiones complementarias? Es de temer que con una argumentación totalmente falsa y manipuladora se pretendan desarrollar las pensiones complementarias para que los pensionistas no perciban tan claramente el deterioro de las pensiones públicas. Estas pasarán a considerarse un mínimo de subsistencia y los trabajadores ‘mejores ahorradores’ tendrán las complementarias.  Si muchos trabajadores disponen de pensiones complementarias, ¿se dejará de considerar necesario aumentar las pensiones públicas?  Si se generaliza la idea de que se tiene que ahorrar complementaria e individualizadamente para mejorar el nivel de las pensiones, ¿qué sucederá con las reivindicaciones a las pensiones públicas? Es de temer que las pensiones complementarias dividan el movimiento reivindicativo de los pensionistas entre los que tengan pensiones complementarias y los que no. Quienes no pudieron ahorrar en su vida activa, seguirán siendo pobres en su jubilación al no poder recurrir a una pensión complementaria.

El anteproyecto habilita la creación de los fondos de pensiones de empleo de promoción pública en el marco de la negociación colectiva, y en el ámbito sectorial, implicando así fuertemente a los sindicatos. Habrá que preguntar a los dirigentes sindicales por las razones que les hacen firmar convenios con este proyecto. ¿Quieren, se atreven a ser cómplices en la privatización de las pensiones públicas? ¿Qué les hace aceptar los planes de empresa, por qué los favorecen, quien gana con ello?

Dado que los fondos van a ser gestionado privadamente, ¿qué capacidad de incidir en ellos tendrán los órganos de control? El anteproyecto refuerza la Comisión Promotora y de Seguimiento y la Comisión de Control Especial, pero una vez integrados los fondos en los flujos financieros, en manos de potentes agentes privados, ¿tienen los representantes de los trabajadores posibilidades reales de incidir en las decisiones que tomen los dirigentes de los entes financieros?

¿Por qué no mejorar las pensiones públicas, aumentando las cotizaciones si fuera necesario, en lugar de pedir que aumente el ahorro en pensiones mediante las pensiones privadas de empresa? Una de dos, o las públicas no son suficientes y habrá que mejorarlas, o si son suficientes, ¿porque son necesarias las complementarias?

Si el ahorro colectivo es tan conveniente, ¿no hubiera sido más adecuado establecer un sistema de ahorro voluntario verdaderamente público? ¿Cuáles son las ventajas de la gestión privada? Dicen que es para aproximarlo a las rentas más bajas o que se obtendrán unas comisiones menores, ¿no hubiera podido proporcionar las mismas ventajas o mejores un Fondo Público? Un ahorro público voluntario permitiría orientarlo hacia las principales necesidades sociales, ¿es más fácil que lo hagan los bancos, movidos por el ánimo de obtener beneficios, que una entidad pública? Parece que se han olvidado de las enormes quiebras que han tenido recientemente los entes financieros privados  y los muy cuantiosos fondos públicos que han sido necesarios para ayudarles y no se han retornado. ¿Quiere decir que en el Gobierno actual adoptan  el precepto neoliberal que todo lo privado es, por definición, mejor que lo público? ¿es que no se sienten capaces de gestionar los fondos colectivos?

Se pueden todavía añadir otras razones que muestran que este sistema hace aguas por todas partes, y sólo servirá para mejorar los negocios de los bancos y las instituciones financieras y perjudicar muy seriamente al interés en mejorar las pensiones públicas. Siguiendo así unas pautas que se remontan hasta el comienzo de los argumentos a favor de las pensiones privadas que se iniciaron en 1973 con Pinochet y siguen potenciándose desde entonces. Bajo la dura presión de la UE y los entes públicos internacionales el Gobierno español apuesta por dedicar los ahorros de los trabajadores españoles a un sistema mucho más arriesgado, caro y difícil de controlar que el sistema público. Muestran así el poder de los entes financieros, que son capaces de dominar a los gobiernos, las instituciones públicas internacionales  y a las fuerzas sindicales -aunque se llamen a sí mismos progresistas-, perjudicando directamente la existencia y la gestión de las instituciones, como la Seguridad Social, creadas para potenciar los intereses colectivos y el bienestar de los pensionistas.

 

Què passa amb les pensions?

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Ja fa diversos anys que el tema de les pensions està ocupant espais importants en els mitjans quan abans era un tema pràcticament inexistent. Què ha passat amb les pensions? Doncs que des de fa anys s’ha posat en qüestió el sistema de finançament de les pensions públiques.

Article de Miren Etxezarreta a la revista Catàrsi, 19 de novembre de 2020catarsi

Ja fa diversos anys que el tema de les pensions està ocupant espais importants en els mitjans quan abans era un tema pràcticament inexistent. Què ha passat amb les pensions? Que des de fa anys s’ha posat en qüestió el sistema de finançament de les pensions públiques. Cosa que ha donat lloc a un ampli debat.

En aquest debat és important el paper que juga el Pacte de Toledo. El Pacte és una Comissió oficial, multilateral, que es va establir el 1995 per a comentar i establir recomanacions sobre el tema al Congrés. El Pacte realitzaria una ronda cada cinc anys i així va ser més o menys fins a 2019, en què la pandèmia va obligar a interrompre el seu treball. El 2020 la Comissió ha reprès el seu treball i el 27 d’octubre va presentar el seu Informe amb recomanacions sobre l’actuació aconsellada pels integrants del Pacte, que després de ser debatut amb els agents socials (CEOE i dos sindicats), serà la base perquè el Congrés disposi la nova normativa sobre pensions.

Un gran nombre de pensionistes a l’Estat espanyol no accepten els termes així plantejats i porten anys reivindicant millores en les pensions públiques i afirmant la seva sostenibilitat, en una lluita permanent de gran vitalitat i originalitat amb la qual han generat una gran dinàmica reivindicativa. El debat és agre i està aferrissat i han passat moltes coses que no podem recollir aquí. Hi ha molts materials escrits sobre el tema i a ells remetem al lector interessat (per exemple, al llibre: El cuento de las pensiones, d’Editorial Icària).

En aquest article ens limitarem a comentar l’Informe que la Comissió va presentar el 27 d’octubre, recollint únicament les recomanacions que suposen canvis principals d’aquesta Ronda del Pacte de Toledo, donant per coneguda la situació de les pensions fins a aquest moment. És obvi que els comentaris només seran parcials.

És curiós que l’Informe provisional de la Comissió no permanent de seguiment i avaluació dels acords del Pacte de Toledo es presentés públicament no sols enmig del fort creixement d’afectats per la pandèmia sinó també just a la vigília de la presentació en el Congrés dels Pressupostos de l’Estat per a 2021, element essencial de la governabilitat del país i tema de grans discussions. Després de més de quatre anys de debats per presentar al Congrés, «van haver» de coincidir totes dues presentacions, la qual cosa, sens dubte, va conduir amb el fet que el debat sobre les pensions quedés bastant arraconat pel políticament més important dels Pressupostos i la preocupació per la pandèmia. Aquesta coincidència, que permet diluir la incidència del tema, no és molta casualitat

Els assoliments

Gràcies a la lluita que els pensionistes porten des de fa diversos anys es pot constatar que en aquestes recomanacions s’han guanyat algunes batalles importants. Entre les més significatives, hi ha el reconeixement de la sostenibilitat de les pensions públiques i la seva revaloració segons l’IPC (revertint en part la reforma de 2013), així com la reducció del dèficit de la Seguretat Social (fins a 23.000 milions d’euros anuals), mitjançant l’assumpció dels costos de pensions no contributives per part del Pressupost de l’Estat.

Aquest últim aspecte que sembla podria resoldre el problema amb relativa facilitat és, no obstant això, fruit d’una separació de comptes molt arbitrària entre les de la Seguretat Social i el Pressupost públic. És molt probable que per raons comptables i polítiques sigui interessant la separació de comptes (que no es va establir fins al primer Pacte de Toledo de 1995), però això no ha de portar a considerar els dos ens com a antagònics, sinó que els dos són part de l’Estat. Realment tot consisteix a decidir en quin llibre s’apuntarà el saldo, però l’entitat de fons és la mateixa: l’Administració Pública. De totes maneres, pot ser útil diferenciar les despeses que no són estrictament de pensions, però que es carreguen a la Seguretat Social perquè proporciona un argument important en defensa de la sostenibilitat de les pensions.

Un element també important és la recomanació de triar els millors anys de cotització  per a cobrir els 25 anys necessaris per a tenir dret a una pensió. La qual cosa és un avantatge perquè, com ara hi ha molts pensionistes que en accedir a la pensió ja estaven parats, els últims anys baixen de nivell les pensions futures. Però això no compensa l’augment de 15 a 25 anys per a calcular la pensió que va establir la reforma de 2011, i que alguns assenyalen és el pas previ per a passar a computar per tota la vida laboral. Amb el mercat de treball existent fins ara —veure més a baix—, com seran els 25 anys del treballador? Podrà reunir 25 anys de cotitzacions en aquest context de contractes laborals molt curts?

Finalment, algunes recomanacions s’orienten cap a altres avantatges també d’interès, com les referents a augmentar el topall màxim de les pensions, augmentar la lluita contra el frau, revisar les cotitzacions i prestacions dels autònoms, el règim de viduïtat, etc.

És a dir, la lluita dels pensionistes ha estat necessària i útil, mostrant clarament que una actitud activa i enèrgica per part dels jubilats és principalment el que ha millorat alguns aspectes importants de les pensions.

Però falten molts altres aspectes que només es guanyaran continuant el treball per a aconseguir-los. Entre ells el principal és que no s’han derogat les reformes de 2011 (PSOE) i la del 2013 (PP), —aquesta entrà en actiu i mig congelada—, que és una de les peticions més importants dels pensionistes. Comentaré breument també sobre alguns altres aspectes importants. Però primer, vegem alguns punts més enllà del sistema de pensions estrictament, però que sens dubte hi impacten.

Els ancians i ancianes, els pensionistes, els vells i velles d’aquest país, no han tirat la tovallola, seguiran en la bretxa, i com sempre han treballat per una societat justa i harmoniosa per a tots

 

El mercat de treball

Per a parlar de les pensions en aquest país, amb un sistema de repartiment en el qual les cotitzacions dels treballadors en actiu paguen les prestacions dels jubilats, és imprescindible observar primer el mercat de treball. Fins i tot abans de la pandèmia, resulta que tenim un mercat de treball amb molt d’atur, una enorme inestabilitat i precarietat laboral, un alt percentatge de joves sense ocupació i moltes dificultats per a tenir ocupació pels majors de cinquanta anys; molts treballadors pobres i moltes famílies pobres, una proporció alta de la població treballant en els serveis poc qualificats, com el turisme, i en la construcció, i gairebé un milió (més després de la pandèmia) en què tots els membres de la família estan a l’atur. I un acomiadament barat, quan no gratis, pels contractes temporals i precaris. És a dir, un mercat de treball desastrós per als treballadors.

Si es mira al futur l’evolució no es presenta més atractiva. Molts comentaristes consideren que disminuirà molt la necessitat de treballadors i serà cada vegada més difícil tenir una ocupació; uns altres creuen que el treball continua sent necessari. Però, en qualsevol cas, es dibuixen formes de treball i d’explotar al treballador noves que no asseguren ni remotament els drets socials: cada vegada els treballadors estan sotmesos a relacionar-se amb els seus ocupadors a través de contractes mercantils que no suposen l’assalarització i no cobreixen en absolut els drets socials. Semblen pocs, però són cada vegada més: en algun informe sobre els Estats Units diuen que un terç de la força de treball segueix aquests sistemes, i a Espanya, diuen des de la UE, que un 12,50% de la força de treball ha passat ja per experiències d’aquest tipus. No es pot plantejar un pla per a les pensions, que per definició són a llarg termini, sense incloure totes aquestes consideracions. De les quals hem vist molt poc en l’Informe que es limita a considerar el concepte tradicional de l’assalariat i de l’autònom.

És en aquest context que cal situar les recomanacions que ha presentat la Comissió del Pacte de Toledo.
Números o principis?

Generalment en parlar de pensions per a veure si són sostenibles es debaten els números, però, encara que aquests també importin, és més rellevant discutir els principis que els números concrets. Primer, l’impositiu: En les societats modernes totes les despeses de l’Estat se satisfan per mitjà dels impostos —els de l’exèrcit i la defensa, el cost del sistema polític i judicial, l’educació, la sanitat, les infraestructures, la diplomàcia…— Per què no han de satisfer-se també els de les pensions si és necessari? Que ens expliquin perquè no tenen els mateixos drets que la resta de la ciutadania.

No hi ha motiu pel qual les despeses dels pensionistes no es cobreixin de la mateixa manera que els de la resta de la població. Per què les pensions s’han de cobrir només amb els impostos de la població activa (les cotitzacions són imposats als treballadors i, a més, injustos) i totes les altres despeses col·lectives es cobreixen amb impostos? De fet, això suposa un sistema fiscal extremadament esbiaixat on els treballadors en actiu a més dels impostos generals —IRPF, IVA, gasolina, uns altres— paguen cotitzacions a la Seguretat Social, que són els majors impostos del país, quan cap altra despesa es cobreix d’aquesta manera.

Aquest sistema els ve molt bé als qui cobren beneficis pel capital perquè no contribueixen més que amb les cotitzacions socials al sosteniment dels ancians. Els altres impostos, per exemple, l’impost de societats, no entren per a contribuir al finançament de les pensions Per què els impostos generals no han de contribuir al manteniment dels ancians? És una subvenció als beneficis i ho haurien d’aclarir.
A més, encara que la separació de pressupostos pot ser comptable i políticament és útil, no oblidem que la Seguretat Social i l’Estat és el mateix. Per què separar així els comptes de l’Estat i la Seguretat Social? La separació correspon principalment a precisar el compte en la qual s’apunten. Poc més. I si el pressupost de la Seguretat Social no és suficient hauria de cobrir-lo l’Estat. La solució no consisteix en el fet que l’Estat faci préstecs a la Seguretat Social, com està fent ara, perquè els préstecs cal pagar-los i això posa la Seguretat Social en mans de l’administració de l’Estat, sinó cobrir les prestacions necessàries, perquè és un dret de ciutadania. El manteniment dels ancians correspon al conjunt de la societat, no sols als treballadors en actiu. Són part de la ciutadania i s’han de mantenir com els altres aspectes de la despesa pública amb els impostos generals.

Segon, el distributiu: El tema de les pensions no és un aspecte de finançament sinó de la distribució de la renda d’un país. El problema no és que no hi ha diners, sinó com es distribueix, es reparteix els diners que hi ha. Pel sistema de pensions els jubilats participen de la riquesa social que van contribuir a crear. Per què es limita la seva participació al que és possible només amb les contribucions? Gràcies al sistema de pensions molts jubilats viuen decentment i ajuden a les seves famílies. Quan es diu que no hi ha diners per a les pensions públiques, es vol condemnar als ancians a la pobresa? Si les pensions no els permeten cobrir despeses com es mantindran? Podran sostenir-los els fills que avui necessiten ser ajudats pels seus pares? Si no hi ha diners per a les pensions no serà perquè els salaris dels quals cotitzen són massa baixos? Per què no hi ha diners per a les pensions i sí per a altres coses com l’OTAN, l’exèrcit, els bancs l’Església, etc.?Tercer, el ideològic: El tema de les pensions no es deu a les crisis (financera i pandèmia), ve de més antic. Sorgeix a Xile amb Pinochet, el 1973, aprofitant un context favorable al neoliberalisme. Prové de les grans institucions internacionals: FMI, UE, OCDE i dels poders financers, que volen obtenir beneficis amb els diners de les pensions.

A l’Estat espanyol, des de 1988 s’estan «reformant» les pensions, gairebé sempre per a disminuir-les. Gràcies a les potents lluites dels pensionistes s’han aconseguit les millores que hem assenyalat, però és poc més que tornar al que hi havia abans. Ara, l’Informe actual del Pacte de Toledo recomana algunes mesures perilloses per als pensionistes. Entre les quals destaquen: 1) la prolongació voluntària de l’edat de jubilació mitjançant incentius; 2) estímuls a les pensions privades d’empresa; 3) la reforma del sistema de cotització d’autònoms.

Prolongació voluntària de l’edat de jubilació mitjançant incentius econòmics

La Comissió assenyala explícitament que considera positiva la prolongació de la vida activa de la ciutadania. Sosté que és necessari incentivar la prolongació voluntària de la vida laboral més enllà de l’edat ordinària de jubilació. Semblen haver oblidat que hi ha cinc milions d’aturats, joves en la seva majoria.

El tema de l’anomenada crisi de les pensions públiques cal situar-lo en els interessos financers que volen aprofitar les grans masses de diners que es mouen amb les pensions per a obtenir més beneficis privats

Com anteriorment el fet d’augmentar l’edat de jubilació va ser motiu de moltes lluites, ara provaran de forma més subtil: introdueixen l’augment de l’edat de jubilació voluntària. Això vol dir introduir un incentiu econòmic per a què els treballadors continuïn treballant voluntàriament després de l’edat de jubilació. Però amb això ignoren totalment el caràcter del mercat de treball. Consideren que el treballador és lliure per a triar el que vol fer en el seu ús. Però dista molt en aquest cas. El treballador difícilment té aquesta llibertat quan es tanca o reestructura una empresa i l’única sortida és la jubilació anticipada o quan l’empresa acomiada al treballador o li força a marxar-se perquè li sembla major (trasllats, disminucions de categoria, «incentius» per a què se’n vagi). Cal tenir en compte que en el context en què vivim, un treballador de més de 45 anys sap que si perd la seva ocupació no tindrà una altra feina i en cas d’aconseguir-ho segurament és precari o temporal. Tot això ens porta a plantejar que si les pensions són baixes i no poden viure amb elles, on està la llibertat del pensionista, és realment «voluntari» el fet de continuar treballant?

Clarament, els que acceptin aquesta voluntarietat perden bastant diners. Si fem uns càlculs preliminars, sobre supòsits encara molt crus perquè no es coneix la proposta, resulta que si es proporciona un incentiu del 5% sobre la pensió a qui continuï treballant als 67 anys, si decideix treballar 5 anys més —fins als 72 anys—, amb una pensió de 1.000 euros al mes, el pensionista perd 3.366,6 euros a l’any any, (240,00 € al mes), si viu 20 anys més, o 4.684,61 euros a l’any (334,61 euros al mes) si viu només 15 anys més. Clar que llavors disposarà del salari pel seu treball, però perd respecte a la pensió. Per a no perdre hauria de viure fins als 89 anys o fins als 91, o l’incentiu sobre la pensió hauria de ser del 32% al 37%. Són xifres només molt aproximades, però per aquí van els càlculs.

Tot això suposa també dividir als pensionistes entre aquells que tindran pensions normals i els que les tindran més altes perquè treballen més anys, amb greus repercussions en el moviment reivindicatiu.

Un element que no ha quedat clar és la recomanació respecte als pensionistes amb discapacitat: per a aquests assenyalen la conveniència de permetre la compatibilitat entre jubilació i treball assalariat, la qual cosa ja és en si mateix difícil d’entendre, però temem que en l’Informe es percep també la direcció de futur per a tots els pensionistes:

«Cal introduir esquemes de major permeabilitat i convivència entre la
vida activa i passiva, que permetin i incrementin la coexistència de salari i pensió.
Resulta adequada, en la mateixa línia que altres països del nostre àmbit, una major
compatibilitat entre percepció de la pensió i percepció del salari per activitat
laboral, avui molt restringida i que no incentiva la continuïtat laboral».

Serà per a permetre que el Sr. Fainé prossegueixi en les seves tasques de direcció de CaixaBank encara que tingui més de 67 anys? Sembla còmic però, no serà més aviat que volen veure als treballadors espanyols ajudant a omplir les bosses a les caixes dels supermercats com passa als Estats Units? Si una persona ha treballat tota la seva vida, per què ha de continuar treballant en la seva jubilació? No és perquè la pensió no és suficient?

Estímul a les funcions privades d’empresa

El tema de l’anomenada crisi de les pensions públiques cal situar-lo en els interessos financers que volen aprofitar les grans masses de diners que es mouen amb les pensions per a obtenir més beneficis privats. Encara que avui no és l’objectiu d’aquest article, caldria comentar molt per sobre el desastre que són les pensions privades per als pensionistes (molt arriscades, amb pèrdues per la inflació i molt cares), però la Comissió les veu complementàries, com a molt positives. Cosa que vol dir que accepten que les pensions públiques no són suficients. Aquestes pensions «complementàries» consisteixen en què els pensionistes contractin plans de pensions privades amb les institucions financeres, privades també.

En les recomanacions de l’Informe sobre aquest tema només hi ha una novetat, però molt important i molt greu, ja que, seguint el model del Banc Mundial, s’aposta per impulsar la implantació efectiva de plans complementaris d’empresa, que «prioritàriament» hauran de ser sense ànim de lucre. Les pensions d’empresa consisteixen en un compromís de realitzar pensions privades per a tots els membres d’una empresa, si bé de nominació individual.

Segons el Banc Mundial el sistema ideal hauria de ser el del gràfic de sota (s’han afegit les fletxes que indiquen la direcció en què el Banc Mundial vol que evolucionin les pensions: les pensions públiques contributives haurien de disminuir i augmentar les del pilar privat obligatori):

Fins ara, per a estimular les pensions privades el Govern concedia una desgravació fiscal a l’IRPF que podia arribar fins als 8.000 euros anys a l’any a les persones que contractessin un Pla de pensions privat. Els pensionistes han discutit molt aquestes desgravacions, rebutjant-les. Actualment l’Informe recomana disminuir les desgravacions per pensions individuals (es preveu que del màxim de 8.000 a 2.000 euros), però… augmentaran els estímuls a les pensions col·lectives d’empresa (fins als 10.000 euros). Si no vols tassa, tassa i mitja!

gràfic catarsi

Per als ens financers és molt convenient aconseguir que es realitzin pensions de grans empreses per a tota la plantilla en lloc de concloure un gran nombre de pòlisses individuals. Encara que els treballadors puguin renunciar a elles no sol ser freqüent perquè és administrativament i social complicat. Aquestes pensions privades d’empresa s’estableixen generalment a través de convenis col·lectius. És «curiós» que els empresaris no acostumin a oposar-s’hi, encara que posen el crit al cel si es fa cap referència a augmentar la cotització a la Seguretat Social D’altra banda, en aquests convenis, els sindicats tenen sempre un paper important. Quan els sindicats accepten aquesta pràctica es converteixen en còmplices de la privatització de les pensions (fa diversos anys que es troben signant convenis d’aquest sistema), i les desgravacions que recomana aquest Informe augmenten la seva importància. Es proposen els sindicats continuar estimulant les pensions privades? s’atreveixen a impulsar obertament la privatització de les pensions? Si tant els preocupa l’estalvi dels treballadors, per què signen per establir fons que depenen del capital financer? Perquè sí que hi ha alternatives: Podrien establir perfectament un sistema públic d’estalvi per als treballadors similar al que secunden amb els ens privats. Els ha convençut el neoliberalisme que sempre és millor el sector privat que el públic? És bastant trist contemplar als sindicats vinculats a la privatització d’un dret social tan important.

Com a pensionistes, començant pels propis interessos. Són persones ciutadanes com els altres i els seus drets s’han de finançar amb impostos si les contribucions no basten.

A més, fa bastanta por aquest paràgraf de l’Informe: «D’igual manera, hauran de millorar-se els beneficis fiscals de les aportacions realitzades a fons i plans de pensions, en la seva modalitat d’ocupació; en particular, establint estímuls fiscals addicionals en la regulació de l’impost de societats. A què es refereixen? Disminuirà la fiscalitat de les empreses amb esquemes de pensions privades? És de témer.
Així mateix la UE ha elaborat recentment el projecte PEPP: Proposta sobre un Projecte Paneuropeu de Pensions Individuals, dels quals pretén reunir fins a 700.000 milions d’euros de dipòsits i per al qual està disposat a participar en el pressupost amb sumes importants. Com diuen que no hi ha diners per a les pensions públiques, però estan disposats a donar suport a les privades?

Les pensions d’empresa vinculen al treballador a l’empresa, què passarà si es vol canviar d’empresa, perdrà la pensió privada? Segurament perquè això no succeeix, és possible que s’estigui preveient ja per al futur algun sistema que permeti al treballador emportar-se l’import acumulat i reforçar la privatització de les pensions juntament amb l’acomiadament més barat o gratis, a través de la fórmula denominada la motxilla austríaca, que sembla que afavoreixen importants membres del Govern i de la classe política i empresarial d’aquest país.

D’altra banda, si en un país no hi ha diners per a les pensions públiques, com n’hi ha per a les privades? Perquè la riquesa que es produeix al país és una, pública i/o privada, només un sistema econòmic fa que aparegui dividida. Això mostra amb claredat que el tema de les pensions és un tema de distribució de la renda, no de falta de recursos Per què hi ha diners per als quals posen els seus diners en els bancs i no per als que posen els seus diners en l’Estat?

Què tal una auditoria a fons dels comptes de la Seguretat Social amb agents socials per cada Ronda?

Hi ha molts més aspectes que es podrien comentar —l’interès a equilibrar el pressupost de la Seguretat Social per a 2023, l’enduriment de les jubilacions anticipades, la cotització i prestacions als autònoms, la revisió de les pensions per a les vídues, etc.— però les limitacions d’espai ho impedeixen.
A tall de conclusió

La lluita dels pensionistes ha aconseguit conquerir alguns elements importants. Això mostra que la lluita és necessària i és útil. Que es poden millorar les pensions. I, encara que no són ingenus respecte al que és l’Estat, tenen menys dubtes, esperen influir més en les decisions públiques que en els ens financers que gestionen les pensions privades.

El que suposa que cal continuar lluitant per les pensions i la societat que es desitja. Com a pensionistes, començant pels propis interessos. Són persones ciutadanes com els altres i els seus drets s’han de finançar amb impostos si les contribucions no basten. Les pensions les ha de finançar tota la societat i no sols els treballadors actius. D’una altra manera és una subvenció «oculta» al capital, que no paga pel manteniment dels pensionistes.

Però no es tracta de quedar-se aquí. Els processos socials no són irreversibles. I les relacions laborals estan experimentant enormes canvis que cal tenir en compte. Els pensionistes veuen i accepten la necessitat de modificar el discurs i els sistemes de drets socials —entre ells les pensions— i més en una època en la qual cada dia hi ha menys ocupació i és més precària. La pensió és un dret de ciutadania. Cal anar canviant de veure la pensió com un dret per haver treballat a plantejar-la com un dret de ciutadania. Però en una direcció molt diferent de la que planteja la Comissió del Pacte de Toledo. Cal modificar el sistema de pensions cap a un sistema públic, universal i no vinculat a l’exercici del treball. Existeixen diverses fórmules per a això.
Els pensionistes volen també ser partícips en totes les lluites per una societat justa i harmoniosa. Els ancians i ancianes, els pensionistes, els vells i velles d’aquest país, no han tirat la tovallola, seguiran en la bretxa, i com sempre han treballat per una societat justa i harmoniosa per a tots, es proposen continuar fent-ho.

Saben el que volen. Són grans, però no estan morts. Han estat sempre actius i ho continuaran sent. Ni la COVID-19 ni els Informes els impediran continuar lluitant per una societat justa i feliç per a tots.

Foto de portada: Flickr – Antonio Marin Segovia

Hay que cambiar de modelo. ¿A cuál?

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Artículo en Público, 5 de agosto de 2020

Desde que se inició la pandemia, en bastantes partes de la opinión pública, en particular entre los creadores de opinión, se han intensificado losMiren_Etxezarreta_economista_La_suposada_crisi_de_les_pensions_no_existeix_1_400x566px comentarios y las recomendaciones acerca de la necesidad de cambiar de modelo económico. Ya se comentaba antes también, pero no era, como ahora, una expresión generalizada. Parece que las consecuencias del Coronavirus han llevado a percibir que lo que durante décadas nos habían vendido como la fórmula ideal para la organización económica –el mercado sin control entre agentes privados- no sólo es un sistema injusto y poco eficaz, sino que se ha mostrado totalmente incapaz de resolver los complicados conflictos que ha generado un grave e inesperado aspecto sanitario. Hasta los organismos más insistentes en señalar las limitaciones del ámbito público (ilustres académicos liberales, la UE, el FMI, la OCDE, las asociaciones de empresarios y muchas más) han pasado a exigir que los Estados sean los agentes más activos para resolver el problema. Frente a los requerimientos de austeridad de la anterior crisis financiera el slogan es ahora que el Estado intervenga enérgicamente en la vida económica y ‘gastar, gastar, gastar’ el dinero público tratando de resolver el problema sanitario y el económico que aquel ha generado. Los gobiernos se han convertido en los agentes activos principales para mantener la vida económica.

Conjuntamente con la necesidad de intervención pública se intensifica la idea de ‘que hay que cambiar de modelo económico’. Se hace mucha referencia a que hay que innovar, mejorar la tecnología, digitalizar la economía, tomar en serio la ecología y la sostenibilidad, invertir más en I+D, etc. Se señala también que hay que mejorar el sistema sanitario y renovar el sistema educativo, y, a veces, sólo a veces, se menciona la necesidad de atender a las crecientes necesidades sociales y frenar la desigualdad.

Sin embargo, a pesar de la cansina retórica sobre el cambio de modelo, todos los esfuerzos concretos residen en volver a la situación anterior. Diríase que todas las exhortaciones a este cambio se limitan a pretender una economía más eficiente y productiva, pero dentro de las orientaciones esenciales de los esfuerzos realizados desde la crisis de 2008: una economía crecientemente integrada en la economía global, con las exportaciones como elemento clave del crecimiento, más capaz de competir ferozmente con países similares en una economía global sobredimensionada en el contexto de una nueva crisis mundial que ya se dibujaba antes del convid-19, en que la globalización estaba ya en cuestión. Una economía arrastrada desde fuera[1]. Una reestructuración, racionalización y mejora de los sectores más capaces y competitivos de la economía del país especialmente en aquellos sectores en los que se ha logrado alguna ventaja competitiva. Para los más humanistas se añadía que se habría de considerar también la situación de los grupos humanos más vulnerables (‘no se habría de dejar a nadie atrás’).

Supone procurar mejorar alguna de sus vertientes, pero el modelo continúa siendo el mismo: Junto a un limitado sector de vanguardia de empresas exportadoras, hagamos cada vez más atractivo el turismo, sostenido por el sol, playa y bajos precios, negociemos para que la industria automotriz (toda dependiente de empresas globales) encuentren atractivo el espacio económico de producción para una demanda de exportación, mejoremos un sector agropecuario, intensamente ‘industrializado’, competitivo por el clima y los bajos salarios, que produzca mucho y barato para alimentar Europa y el mundo y, en el interior, mantengamos una industria constructora más basada en infraestructuras y gran obra pública que en unas viviendas y urbanismo adecuadas. Todo ello facilitado por unos salarios y unas condiciones laborales más bajos de los de nuestros competidores, que dan lugar a una situación social y laboral muy precaria, incapaz de suministrar empleo y salarios dignos a una población con crecientes niveles de escolarización y ansias de consumismo.

Aunque se tuviera un destacado éxito en el intento, aunque se lograse hacerlo integrando los últimos avances digitalizadores (5.0), con nuestros escolares, trabajadores y empresarios familiarizados totalmente con unos sistema digitalizados, con atención destacada a la sostenibilidad, aumentando considerablemente el gasto en investigación, racionalizando adecuadamente las inversiones, etc. etc. en el mejor de los casos sería una mejora cuantitativa pero no de un cambio de sistema, como se repite. Que, no se trata de negarlo, aunque muy difícil de lograr, podría mejorar en algo la situación de la economía española, pero que no podría ir muy lejos.

No es una tarea sencilla pues además de nuestro retraso histórico –no habríamos de olvidar que hasta hace cincuenta años éramos un país pobre del sur de Europa-, todos los países del mundo están intentando hacer lo mismo en una turbulenta economía mundial capitalista con exceso de producción. ¿Hasta dónde podremos llegar? Claro que parece que no queda más remedio que intentarlo, porque si no nuestra situación se degradaría todavía más. Pero es bastante problemático que se consiga lograr el profundo paso adelante económico y social que la población de este país necesita.

Nos podríamos preguntar si no sería más factible lograr una mejora sustancial, real y permanente si de verdad se cambiara el sistema económico. No me voy a referir a un abandono del capitalismo, pues dada la composición social de nuestra sociedad actual eso no sería realista, sino mucho más modestamente, de cambiar de sistema alterando drásticamente el eje del crecimiento. Transformando la economía en lugar de un territorio que pretende crecer, desarrollarse y generar bienestar por su encaje exterior (su capacidad de competir en el mundo), hacerlo por un sistema centrado en proporcionar bienestar a su población partiendo de buenos empleos. Generando buenos empleos para todos, impulsar una demanda interna que fomentaría la actividad económica, los ingresos y beneficios, que se autoalimentarían haciendo del empleo el núcleo central de la dinámica del país y el bienestar de la población.

El sistema no actuaría arrastrado por la búsqueda de beneficios privados sino que estaría basado en las necesidades de la población y la voluntad de cubrirlas, que daría lugar a los empleos necesarios que proporcionarían la actividad económica, los ingresos y, también, los beneficios para las empresas (quizá no tantos como ahora, pero sí los suficientes para la reproducción ampliada constante de la economía). Abreviadamente podríamos llamarle un sistema autocentrado, es decir, partiendo y centrado en las necesidades y deseos de sus gentes, en su calidad de vida, en el bienestar de la población que constituiría el motor de la actividad económica. Actualmente se pretende que la competitividad global y los beneficios que proporciona, actúan desde fuera como motor que arrastra la vida social, mientras que el sistema autocentrado consiste en un motor que desde el interior irradie fuerza a toda la economía basándose en su propia dinámica. En vez de intentar recuperar el turismo de cualquier manera como estamos observando estos días, se trataría de generar empleo cualificado en educación, sanidad, servicios sociales, una agricultura de calidad, unas industrias punteras, una administración eficiente y ágil, unas infraestructuras dedicadas al bienestar (por ejemplo, los transportes de cercanías) y muchas otras. Actividades que por sí mismas mantendrían y expandirían la actividad económica por su propia dinámica, y no dependientes de la competitividad externa.

La economía dependería de su propia fortaleza situando la generación de buen empleo en el centro de sus proyectos. Los recursos existentes no se tendrían que dedicar a subvencionar empleos precarios en bares y hoteles sino que tendrían que cubrir las múltiples necesidades existentes como maestros y profesores, sanitarios de las diversas especializaciones, técnicos cualificados en avanzadas tecnologías para las empresas productivas, experimentados administrativos para las empresas y la administración pública y privada, investigadores de alto nivel, asistencia social con plena formación … que, además, derivarían suficientes empleos para una población menos cualificada. Empleos interesantes con salarios dignos que impulsarían la demanda y la actividad económica, con una población satisfecha de su trabajo, cuyo empleo no dependería de las variaciones de las políticas de países lejanos. Ahora que se acepta que los gobiernos establezcan políticas de abundante gasto es un buen momento para iniciar este proceso. Y seguramente no es más caro que los cuantiosos fondos que se están gastando para paliar los desastres que genera el modelo actual.

No se trataría de un sistema cerrado o autárquico. En absoluto. El sector exterior sería el derivado de una potente economía interna. Sino de un sistema socialmente planificado y regulado que cambia el puntal de su dinámica de crecimiento del beneficio privado al bienestar social. Que incluso permitiría la existencia del beneficio privado, si bien dentro de ciertas líneas de actuación. Que requeriría un sistema público muy activo y orientador, (¿no se está exigiendo ahora esto mismo del sector público?), con una creciente participación de la ciudadanía organizada, que necesitaría unas regulaciones de sus relaciones externas basadas en amplias negociaciones con otros países y empresas, que requeriría un potente cambio de mentalidad en su estrato empresarial y directivo, probablemente también en su población trabajadora… Pero podría hacerse. Necesitamos que se haga, es verdad que se necesita un cambio de sistema, sino queremos vivir cada vez en sociedades con mayores contradicciones y dificultades. Pero hay que saber hacia dónde avanzar.

Hay ya grupos alternativos que propugnan el centrar la economía en la vida-, que no quieren una sociedad tan consumista que necesite crecer y consumir sin pausa, horrorosamente desigual, que está destrozando el planeta. Quieren una economía que genere una dinámica que permita el bienestar y el desarrollo personal de toda la población. ¿Por qué no atender a sus ideas en lugar de volcarse siempre en los intereses de unos empresarios y unos dirigentes sociales cuyo interés primordial es su beneficio, apoyados en una visión de la economía considerada ya en multitud de ámbitos como obsoleta y arcaica?

¿Es una quimera? Pudiera ser, pero visto el resultado de la organización económica en la que vivimos, ¿por qué no intentarlo? Probablemente es más realista que esperar una mejora de nuestras condiciones de vida, de nuestro bienestar, de nuestro pleno desarrollo como seres humanos, de este sistema capitalista global en el que vivimos.

[1] El turismo, aunque tiene lugar en el interior es equivalente a las exportaciones.